Ence prevé el cierre de la fábrica de Pontevedra entre 2023 y 2024 si el Supremo no atiende a sus recursos contra las tres sentencias de la Audiencia Nacional, dictadas entre julio y octubre de 2021, que anularon la prórroga de la concesión en los terrenos de dominio público sobre los que se asienta su factoría de Lourizán. Así figura en su informe presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la cuenta de resultados a cierre de 2021.
La compañía explica que ha recurrido estas sentencias ante el Tribunal Supremo y se encuentra a la espera de una primera decisión del alto tribunal sobre la admisión de los recursos presentados. "En caso de no admisión de los recursos o de desestimación de los mismos por parte del Tribunal Supremo, le correspondería al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico determinar (en decisión visada por la Audiencia Nacional) el plazo para un potencial cese de actividad de la biofáfrica", aclara. Con todo, se refiere a un "escenario de potencial cese de actividad de la biofábrica en 2023-2024".
PÉRDIDAS. Ence registró unas pérdidas netas atribuidas de 190 millones de euros, lo que supone multiplicar por más de siete los 'números rojos' del ejercicio precedente, debido a las provisiones por 200 millones efectuadas en el primer semestre de 2021 tras las sentencias de la Audiencia Nacional que anularon la prórroga de la concesión de la fábrica de Pontevedra. Todo ello a la espera de la decisión del Tribunal Supremo sobre la admisión a trámite de los recursos de casación relacionados con la prórroga extraordinaria de su concesión de Pontevedra.
Al respecto, "se registraron en los estados financieros del segundo trimestre deterioros de activos y provisiones de gastos que no supondrán una salida de caja por un importe neto de 151,9 millones de euros, junto con una provisión de 42,3 millones de euros para hacer frente a los costes estimados por el potencial desmantelamiento de la biofábrica", a lo que se suma "una provisión de 6 millones de euros para hacer frente a los costes estimados por la potencial cancelación de contratos".
El coste de un procedimiento de reestructuración del excedente de mano de obra, incluida la estructura corporativa asociada, que se generaría con el potencial cese de actividad aún no ha sido provisionado, al no cumplirse los requisitos contemplados en la normativa contable para su reconocimiento, añade.
El grupo ha notificado que habría vuelto a beneficios de no haber sido por el impacto contable de estas sentencias, con un resultado de 10 millones de euros. Todo ello pese a las fuertes liquidaciones negativas por coberturas, de 106 millones de euros, contratadas un año antes en un entorno de "importante incertidumbre" por el coronavirus.
En este contexto, la empresa generó 76 millones de euros de flujo de caja libre, lo que le permitió reducir en este mismo importe su deuda neta, que se situó en los 102 millones, concentrada en su negocio de energía renovable y sin deuda neta en el negocio de celulosa.
A cierre de ejercicio la cifra de negocio de la empresa creció un 15,8%, hasta los 819,7 millones de euros. Los ingresos procedentes del negocio de celulosa crecieron un 32,3%, hasta 667,6 millones, mientras que los del negocio de energía decrecieron un 24,8%, hasta 154,9 millones.
La compañía terminó el ejercicio con un saldo de caja de 397 millones después de haber amortizado deuda por importe de 198 millones, reducido el uso de sus líneas de financiación de circulante en 56 millones de euros y pagado inversiones por importe de 71 millones de euros.
En diciembre de 2021 Ence alcanzó un acuerdo para la rotación de cinco activos fotovoltaicos con una capacidad conjunta de 373 megavatios (MW) por un importe de hasta 62 millones, que se irá materializando a medida que se complete la tramitación administrativa de cada uno de estos activos, prevista entre el cuarto trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2024.
En 2022, una vez concluidas las coberturas, la compañía se está beneficiando del actual contexto de mercado, con fuerte demanda y precios en sus dos negocios, desde una "sólida posición financiera marcada por una potente generación de caja".
POLÍTICA DE RETRIBUCIÓN Y POSIBLE PAGO DE DIVIDENDO. El consejo de administración ha acordado una nueva política de remuneración el accionista, de manera que a partir de este año, el criterio que marcará como directriz principal esta política será la generación de caja de la empresa y sus sociedades dependientes, manteniendo un nivel de endeudamiento prudente para el tipo de actividad que desarrolla la compañía y acorde con sus obligaciones legales y contractuales.
Según ha explicado Ence, estos criterios de retribución permitirán ligar su resultado económico con la remuneración a percibir por los accionistas, "respondiendo a principios de sostenibilidad, rentabilidad y prudencia financiera".
Adicionalmente, la empresa ha anunciado el posible pago, de manera extraordinaria, de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio de 2022 tras el cierre del primer trimestre.
