En apenas 24 horas, Ence ha pasado de abrir una puerta a la esperanza a cerrarla de un portazo. Si primero aceptaba sentarse en una mesa de diálogo para salvar el empleo –y los grupos políticos gallegos envuelven esa solución en un traslado de la factoría dentro de la comunidad autónoma gallega–, este jueves la compañía reiteró que una planta nueva en Galicia sería "inviable". Además, la firma ha querido desmarcarse con toda la rotundidad posible de las acusaciones que le sitúan detrás de las movilizaciones más violentas convocadas estos días y en las que participan trabajadores de la factoría de Lourizán.
La empresa negó estar promoviendo las protestas realizadas por sus trabajadores en Pontevedra, que esta misma semana protagonizaron un violento escrache contra el alcalde de la ciudad y varios miembros de su gobierno.
En un comunicado público, se desvincula "tajantemente" de estas movilizaciones y manifiesta su "disposición" al diálogo con las diferentes administraciones.
A pesar de ello, Ence insiste en que no existe ninguna ubicación alternativa que sea "viable" para trasladar su fábrica de Pontevedra.
Entienden que este traslado no sería posible ni desde el punto de vista técnico, al tener que estar cerca de un puerto, tener agua en las proximidades y acceso a madera, ni desde el punto de vista económico ante el coste que tendría esta operación.
El grupo cifra en unos 700 millones de euros la inversión necesaria para construir una nueva planta en Galicia.
La compañía entiende, por lo tanto, que no existe ningún lugar "en toda la comunidad gallega" que permita reubicar su producción. Desde Galicia, no obstante, se barajan distintas opciones donde Ence podría tener cabida con las características técnicas que la firma sitúa como prioritarias.
