La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra acoge esta semana un nuevo juicio en el que el acusado es un individuo que abusa sexualmente y de forma continuada a una menor de edad aprovechándose de la relación de confianza y de la intimidad que confiere compartir un mismo techo.
En este caso, los hechos se desarrollaron casi en sus totalidad en una vivienda del término municipal de Poio y el protagonista, un individuo acusado de agredir a la hija de su pareja, que en el momento de los hechos, entre 2016 y 2018, tenía entre 14 y 16 años de edad.
La Fiscalía relata que el primero de los episodios denunciados se produjo cuando la menor acababa de cumplir los 14 y la familia estaba a punto de cambiar su residencia a la comarca pontevedresa. Entre ese momento y 2018, "sobre todo durante los fines de semana, en varias ocasiones que la víctima no puede concretar, movido por el ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, mientras permanecían en el domicilio común, la abrazaba, le levantaba la camiseta, le tocaba los pechos o le pellizcaba las nalgas".
Sin embargo, los hechos más graves se produjeron en fechas concretas, a principios del mes de agosto de 2018. La Fiscalía explica que el investigado se aprovechaba que dormía con su hija pequeña (tenía dos hijas en común con la madre de la víctima) para abusar de la menor, que acababa de cumplir 16 años.
A finales de ese mismo año, en un momento en el que su mujer estaba en una cena de empresa, a medianoche, volvió a acercarse a la menor, aprovechándose que esa noche había bebido en exceso, y sin su consentimiento abusó de ella en reiteradas ocasiones.
Por todo ello, el Ministerio Fiscal entiende que el investigado cometió hasta cinco delitos de abusos sexuales diferentes, uno de ellos continuado, por los que se enfrenta a penas que, sumadas, rozan los 15 años de prisión, según el escrito de acusación.
Junto a ello, si resulta condenado, el encausado perderá la posibilidad de comunicarse con la víctima por cualquier vía por el espacio de 18 años desde que salga de prisión. Por último, una vez reinsertado, permanecería durante cinco años más en situación de libertad vigilada.
