Cinco años de cárcel por robo continuado y cuatro y medio más por estafa, Esa es la solicitud de pena que exige de forma provisional en Ministerio Público para una vecina de Pontevedra, a la que acusa de vaciar las cuentas y desvalijar la caja fuerte de la mujer para la que había trabajado como empleada, meses después de finalizar su relación laboral, y aprovechándose de la confianza que la víctima tenía depositada en ella. El patrimonio expoliado fue importante, sumando los fondos y depósitos en las entidades crediticias y las joyas sustraídas, muchas de ellas vendidas en tiendas de segunda mano y que no pudieron recuperarse.
Los hechos, según el escrito de acusación elaborado por la Fiscalía pontevedresa, tienen su origen en la relación laboral entre la procesada y la señora, que contrató a la primera como empleada del hogar y para su cuidado, dado que precisaba de una silla de ruedas para deambular. En esa etapa, la acusada tenía acceso a todas las dependencias de la vivienda, así como llaves. La investigación apunta a que en este tiempo aprovechó para hacerse con alguna copia, pues cuando supuestamente cometió los delitos ya no trabajaba en el hogar.
Entre abril y septiembre de 2018, según explica la Fiscalía, la mujer siguió yendo a visitar a la víctima con la excusa de preguntarle cómo estaba o de llevarle algo de comida. Sin embargo, lo que realmente hacía en esos meses era, poco a poco, apropiarse del patrimonio de la señora a través de distintas maniobras. Así, la presunta estafadora tenía acceso a las claves de banca electrónica de la mujer a la que había cuidado, así como al PIN de sus tarjetas de crédito, lo que le sirvió para hacerse con distintas cantidades de dinero.
Paralelamente, era consciente de la existencia de una caja fuerte y del lugar donde la víctima guardaba las llaves. Conocía, además, todas sus rutinas y costumbres, y debía poseer la llave de alguna de las entradas de la vivienda. De ese modo, logró vaciar dicha caja y revendió una importante cantidad de objetos de valor.
Por todo ello, además de las mencionadas penas de prisión que el fiscal pide para la procesada, también le exige el pago, en concepto de responsabilidad civil, de unos 40.000 euros. Esa cantidad se corresponde que el dinero expoliado de las cuentas bancarias y del valor de las joyas y el resto de objetos que no pudieron recuperarse, pues habían sido vendidos. Además, si resulta condenada, la ex empleada deberá abonar una multa de 1.728 euros.
