Se enfrenta a cinco años de cárcel por vender bienes que le habían decomisado

▶ La acusada fue condenada por blanqueo en la Operación Suntuarias ▶ Se trata de la principal testaferro del narco vilanovés Guillermo Abalo
photo_camera Guillermo Abalo, durante el juicio por blanqueo celebrado en Pontevedra. GONZALO GARCÍA

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acoge esta semana un juicio contra una mujer que ya conoce ese mismo banquillo de los acusados, pues compareció hace algo más de una década por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.  por bSe trata de la entonces esposa y principal testaferro de Guillermo Abalo, narco vilanovés condenado en su día por la Audiencia de Zaragoza y que utilizó a sus familiares como pantalla para lavar el dinero negro que había ido ingresando producto de la ilícita actividad. La ahora acusada, que compartirá banquillo con dos personas que supuestamente colaboraron con ella para el delito que ahora se le atribuye, transmitió tres fincas y un local que le habían sido incautados en la citada sentencia de blanqueo en el tiempo en el que la causa se hallaba en manos del Supremo, a la espera de una decisión firme. Para ello, según la Fiscalía de Pontevedra, generó una serie de operaciones para cambiar la titularidad de tres propiedades en O Grove y un local en Vilagarcía que formaban parte del "paquete" de decomisos. Ello le convierte en supuesta autora de un nuevo delito, ahora alzamiento de bienes.

En el caso de las fincas, explica la Fiscalía, fueron transmitidas a finales de 2012, antes del fallo del Supremo, aludiendo al pago de una supuesta deuda. En cuanto al local, fue adquirido por un tercero, que además lo inscribió en el Registro de la Propiedad, por un precio de 22.500 euros. La acusación sostiene que los compradores eran conscientes de la ilicitud de sus actuaciones, por lo que solicita para ellos penas de dos años y dos meses de prisión. Mucho más severo es el fiscal con la principal investigada, que en su día recuperó una batea tras su recurso ante el Supremo. Ahora se expone a cinco años de cárcel y a una multa de 9.000 euros. Ella fue una de las primeras condenadas en la histórica Operación Suntuarias.