La crónica de una muerte anunciada. En eso se ha convertido la salida de Elnosa de la ría de Pontevedra. La Administración General del Estado dio a conocer este jueves el informe íntegro sobre los motivos que la han llevado a denegar la continuidad de la clorera en Lourizán. El documento, del que la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) se hizo eco un día antes a través de sus redes sociales, confirma las dos causas que el PSOE local desveló el pasado mes de septiembre tras una reunión en Madrid con responsables del Gobierno de Pedro Sánchez: la ocupación ilegal de terrenos y la transmisión irregular del accionariado cuando la planta se vendió.
El dictamen, que se remitió a las partes implicadas el pasado 19 de diciembre, lleva la firma de la directora general de Costas, Ana María Oñoro Valenciano. En él se concluye que el traspaso de la concesión que Ence hizo en su día a Elnosa fue ilegal. Incumplía la Ley de Costas.
La Dirección General de Costas ratifica que la empresa química no tenía derecho a heredar el permiso para ocupar terrenos protegidos en Lourizán cuando Ence vendió esta planta a la compañía portuguesa que se convirtió en la propietaria de Elnosa. El grupo luso se llamaba Quimigal, luego cambió su nombre por el de CUF y ahora opera bajo la marca Bondalti.
El proceso de compra se hizo en dos fases. En la primera, que tuvo lugar en 2001, Celulosas transmitió el 50% de sus acciones en Elnosa a Quimigal. Y en la segunda, que se cerró en 2003, Ence se deshizo de la otra mitad del capital.
La operación no autorizaba a Elnosa a conservar la concesión de su anterior propietaria (Ence) para mantener su actividad industrial en Pontevedra, tal y como recoge un informe que la Abogacía del Estado elaboró en marzo de 2017 en respuesta a una consulta de Costas sobre estos cambios en el accionariado de la empresa. "La compra de acciones por parte de un tercero, en las que se divide el capital social de la concesionaria Elnosa, no deja lugar a dudas", expone el documento, que señala que "se ha producido una transmisión de concesión administrativa sobre el dominio público marítimo-terrestre vulnerando la prohibición expresa contenida en la Ley y el Reglamento de Costas entonces en vigor".
Con este argumento en la mano, el Servicio Provincial de Costas redactó su propio informe para dar respuesta a la sentencia de la Audiencia Nacional de 2014 que ordenaba iniciar el expediente de caducidad de Elnosa y que impulsó el colectivo ecologista Salvemos Pontevedra. El dictamen salió hacia Madrid en agosto de 2017. En él no solo se asumía que se había hecho una transmisión de acciones irregular, sino que también recogía un hecho novedoso del que ya advirtió en abril de aquel año: Elnosa había ocupado más terrenos de los que le correspondían.
El organismo provincial tildó esta situación de "invasión". La empresa había ocupado 13.525 metros cuadrados de suelo protegido, 938 más de los 12.587 metros que establecía la concesión original. Para ello, aportó una fotografía aérea en la que se aprecia que la superficie ocupada a mayores se dividía en dos parcelas de 568 y 370 metros cuadrados.
A pesar de esta situación, ni el Servicio Provincial de Costas ni el Consejo de Obras Públicas defendieron en sus informes que la "invasión" de terrenos fuera una causa objetiva de caducidad del permiso para que Elnosa siguiera en Lourizán. El motivo fue el mismo: el suelo utilizado era inferior al 10% de la superficie otorgada en la concesión.
Estas últimas resoluciones no se tuvieron en cuenta, ya que otros departamentos, como la propia Dirección General de Costas, la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre, la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado. Los tres consideraron probada la doble causa de caducidad: que el traspaso de la concesión de Ence a Elnosa y la ocupación de terrenos por parte de esta última fueron ilegales.
GOBERNABA RAJOY. Los informes que validaron ambas causas de caducidad de la concesión de Elnosa se emitieron en 2017, año en el que Mariano Rajoy era el presidente del Gobierno y en el que la fábrica tuvo que dejar de producir cloro a través de la tecnología de mercurio por orden de la Unión Europea.
En aquel ejercicio, la compañía presentó ante la Xunta una solicitud para iniciar la tramitación de un plan urbanístico similar al de Ence para esquivar el veto del Concello a las obras de reconversión industrial que pretendía hacer en su fábrica. Aquel rechazo acabó en los tribunales, que le dieron la razón a los servicios municipales, que habían advertido de que la clorera no cumplía con la legislación para lograr el citado permiso.
NO ES FIRME. La resolución de Costas, dependiente el Ministerio para la Transición Ecológica, no es firme. Puede ser apelado por la vía administrativa, a través de un recurso de reposición que Elnosa posa podrá presentar en el plazo de un mes ante la propia ministra, Teresa Ribera, o por la vía judicial, a través de un contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. Para este último el plazo es superior, de dos meses, y podrá presentarlo empresa y administraciones.
El informe estatal también ordena a la compañía la descontaminación de los terrenos ocupados en la ría durante 50 años. El alcance de los trabajos los fijarán los técnicos del Estado, si bien Elnosa deberá presentar un proyecto con las obras y dejar una fianza económica como señal de garantía.
