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El Estado ordena a Elnosa retirar también las partes subterráneas de la fábrica

Fábrica de Elnosa. DAVID FREIRE
La APDR se reúne con el jefe provincial de Costas, que informó de que no existen plazos cerrados para el desmantelamiento de la clorera ► La sentencia de Ence sigue en el aire

El grupo Bondalti, propietario de Elnosa, no podrá dejar rastro de la clorera que languidece en Lourizán. El Ministerio para la Transición Ecológica le ha ordenado ir más allá con sus propuesta de desmantelamiento inicial para retirar no solo la infraestructura fabril, sino también todos los elementos situados en el subsuelo.

Así lo comunicó este viernes la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR), en base a la información trasladada por el actual jefe del servicio provincial de Costas, Enrique Fernández Menéndez, con el que se reunieron en Pontevedra. El presidente del colectivo ecologista, Antón Masa, ratificó al término del encuentro que la empresa presentó una primera propuesta de desmantelamiento frente al Estado, pero que ésta obtuvo un informe desfavorable por varias razones. La principal es que "Elnosa plantexaba a eliminación das instalacións desde a cota cero, e o Estado pide que tamén inclúa todo o soterrado: pilotes, placas de cemento... Elnosa non quería porque supón máis gasto, pero o Estado obrígalle a retirar todos estes elementos".

Como consecuencia, la empresa se vio abocada a elaborar una nueva propuesta de desmantelamiento, que todavía debe obtener luz verde por parte de la Dirección General de Costas para poder iniciar obras.

En cuanto al proyecto de descontaminación, éste ya ha obtenido el visto bueno de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda después de comprobar que se ajusta a los requerimientos hechos a la empresa. No obstante, según la información recabada por la APDR, la Subdirección General de Residuos todavía debe aprobar el plan de forma definitiva que, en cualquier caso, deberá esperar a que se desarme la fábrica para proceder a su ejecución.

Los detalles de ambas actuaciones y los plazos siguen siendo una incógnita. Entre otras cosas, porque la empresa no ha llegado a informar públicamente sobre los mismos y porque, según indicó el jefe provincial de Costas al colectivo ecologista, "a lexislación vixente non contempra prazos" concretos para este tipo de operaciones. "O único que nos dixo é que tanto a empresa como a Xunta e o Estado están pola labor de que a eliminación das instalacións e a descontaminación dos terreos farase no prazo de tempo o máis curto posible", señaló Masa.

Elnosa, que comenzó a operar en 1968 en Lourizán, lleva más de año y medio sin actividad y más de dos años sin fabricar cloro, a raíz de una directiva europea que prohibió la utilización de mercurio en procesos fabriles como el que desarrollaba la clorera.

El grupo CUF, entonces propietaria de la empresa, llegó a anunciar una inversión de 40 millones de euros para renovar la tecnología y eliminar el mercurio, pero finalmente desistió del proyecto al no obtener la prórroga solicitada a Costas del Estado, que acabó decretando la caducidad de la concesión.

Otro de los temas abordados en la reunión fue el futuro de la factoría Ence. Concretamente, el colectivo sondeó la posibilidad de modificar el título de la concesión a raíz de la supuesta contaminación por el presunto uso de aceites usados, pero Costas descartó tal posibilidad, al entender que es una cuestión que se regula en la Autorización Ambiental Integrada (AAI). Sobre la sentencia de la Audiencia Nacional, que debe dirimir si acepta la anulación de la prórroga solicitada por el Concello, la APDR y Greenpeace, ninguna novedad: "Seguemos á espera de coñecer o fallo".

Por último, ambas partes pasaron revista a la normativa que regula el dominio público marítimo-terrestre. Según Antón Masa, el jefe provincial insistió en que las bateas y las instalaciones dedicadas a la acuicultura seguirán estando reguladas por la Lei de Pesca y que la previsión de acortar los plazos de concesión en las industrias que trabajan en la costa únicamente persigue la revisión frecuente de las condiciones de las empresas que trabajan en el litoral. "Non implica que non se poidan pedir máis prórrogas ou concesións".

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