La Comisión Europea incoó el miércoles un "procedimiento de infracción" contra España por la gestión de las concesiones que dan derecho a ocupar terrenos de dominio público marítimo-terrestres con instalaciones permanentes, entre las que alude a restaurantesy granjas, pero también a "empresas papeleras".
La Comisión considera que la norma vigente no garantiza una "selección transparente e imparcial" a la hora de adjudicar las concesiones costeras. Y advierte de que "la posibilidad de prorrogar las concesiones existentes por un período de hasta 75 años sin justificación es contraria a las normas de la UE".
El órgano europeo cita explícitamente la Ley de Costas y se presume que lo hace en alusión a la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, una norma que modificó la Ley de Costas de 1988 y que sirvió a varias concesionarias españolas para solicitar una prórroga extraordinaria. Entre ellas, Ence, que obtuvo una prórroga de 60 años que, tras ser anulada por la Audiencia Nacional, acaba de ser refrendada por el Tribunal Supremo.
La Comisión Europea no cita ninguna sociedad concreta, pero sí critica que el hecho de que se contemple la posibilidad de adjudicar concesiones "fuera de los puertos, sin llevar a cabo un procedimiento de selección abierto y transparente". Y critica que estos permisos se puedan ampliar "por un período de hasta setenta y cinco años sin procedimiento de selección alguno". "Esta Ley infringe la Directiva de servicios", reza el comunicado publicado el miércoles por la Comisión.
¿Afecta a ence?
El expediente de infracción forma parte de un conjunto de 24 procedimientos que dirigió el miércoles la Comisión contra varios Estados miembros por infringir la legislación relativa a los servicios, aunque España es la única señalada respecto a concesiones costeras.
La gran pregunta es: ¿puede afectar a Ence? Por lo de pronto la respuesta se mantiene en el aire, pero la opinión de la Comisión parece refrendar (o al menos en parte) la postura de los díscolos a la permanencia de Celulosas en Lourizán. Entre ellos, el actual Gobierno central, que quiere restringir la presencia de la industria en la costa y que, al contrario de lo que ha fallado el Supremo, defiende un máximo de 75 años para las concesiones (incluidas las prórrogas). Y las organizaciones que recurrieron la prórroga de Ence en los juzgados: Concello, Greenpeace y APDR, tres entidades que, de hecho, barajan la posibilidad de recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o al Tribunal Constitucional.
El Tribunal Supremo todavía no ha publicado la sentencia, pero en la resolución anticipada a los medios deja ver que es partidario a que las concesiones anteriores a la Ley de Costas de 1988 puedan prorrogarse siempre que existan informes medioambientales favorables. Sin embargo, en opinión de la Comisión Europea, la norma vigente de Costas merece la apertura de un expediente de infracción, al considerar que no favorece la correcta aplicación de las normas destinadas a lograr el buen funcionamiento del mercado único de servicios.
La Comisión detecta las posibles infracciones de la legislación de la UE basándose en sus "propias investigaciones o a partir de las denuncias de los ciudadanos, las empresas y demás partes interesadas". En este caso, no ha llegado a precisar el origen del expediente, pero sí incide en que los servicios "son fundamentales para la economía de la Unión", ya que representan cerca del 70 % del PIB y empleo de la UE.
Si no hay consenso, podría acabar en el Tribunal de la UE
Los servicios comunitarios enviaron el miércoles una carta de emplazamiento a las autoridades españolas, que es el primer paso de un expediente sancionador. El procedimiento contempla la concesión de un plazo dos meses al país infractor para poner solución a la situación, pero en el caso de que no haya acuerdo entre Bruselas y España, el proceso contempla una segunda fase. Esta se conoce como dictamen motivado y otorga unos meses más de espacio al diálogo para resolver las dudas antes de que el Ejecutivo comunitario decida si eleva el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
FUNCIONES La Comisión Europea es una de las siete instituciones de la Unión Europea. Ostenta el poder ejecutivo y la iniciativa legislativa y, fundamentalmente, se encarga de proponer legislación, aplicar las decisiones comunitarias y defender los tratados de la Unión. En general se ocupa de los asuntos diarios de la Unión Europea.
