El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha citado al alcalde capitalino, Miguel Anxo Fernández Lores, para el próximo día 17 de julio en su despacho de la capital gallega. El "popular" ha propuesto esta fecha para la que será la sexta reunión institucional entre ambos dirigentes desde las autonómicas de 2009, cuando Feijóo relevó a Touriño en Monte Pío.
La fecha todavía debe ser confirmada por la Alcaldía, pero es probable que sea la definitiva, porque coincide con el rango temporal que había sugerido el nacionalista en la inauguración del edificio de la Xunta de Benito Corbal, donde se fraguó la cita. El regidor será el responsable de redactar el guión del encuentro, en el que no se atisban grandes novedades. Lores será el segundo alcalde de las grandes ciudades en reunirse con Feijóo tras el 26-M tras el regidor de Santiago, el socialista Sánchez Bugallo.
Las infraestructuras tienen todas las papeletas para copar buena parte de la cita. Entre las prioridades de la ciudad del Lérez se encuentran la construcción de la variante de Alba, el Gran Montecelo, la nueva residencia para la tercera edad proyectada en A Parda y la estación intermodal. Sin olvidar tampoco la mejora de la carretera de Vilagarcía, el dragado del Lérez, la ampliación de la capacidad de la depuradora de Os Praceres y el saneamiento de la ría.
TEMAS DE LA DISCORDIA. Ambos dirigentes se han mostrado partidarios de clausurar la guerra electoral y avanzar para "seguir facendo cidade", pero habrá que ver cómo se resuelve la patata caliente del transporte público, uno de los temas que ha provocado más confrontación entre las administraciones autonómica y local. El Gobierno gallego ha llegado a amenazar a Pontevedra con pasarle la factura del autobús urbano, a través de los fondos de compensación local, si no asume el servicio desde este año. Sin embargo, el Concello ha solicitado más tiempo para diseñar su propio sistema de transporte, que incluirá un servicio de taxis a demanda para facilitar los viajes a los vecinos del rural.
Otro de los temas que despiertan más desencuentros entre la Xunta y el Concello tiene que ver con la actividad industrial de Ence. El Gobierno autonómico se ha posicionado a favor de la continuidad de la pastera en Lourizán e incluso ha advertido de que hará uso de sus competencias para mantener los puestos de trabajo. En cambio, el Concello mantiene en firme su oposición a la planta de Celulosas y forma parte de los tres denunciantes que han llevado hasta la Audiencia Nacional la prórroga de 60 aprobada por el Gobierno de Rajoy en enero de 2016.
