El fiscal aprecia vulneración de los derechos por el cierre del aula de Verducido

El Ministerio Público asume la demanda de los padres e instará al juez a la reapertura de la clase de Primaria ▶ Los padres no fueron notificados de la decisión de Educación
Protesta en defensa del aula de Primaria en la EEI de Verdudido. DAVID FREIRE
photo_camera Protesta en defensa del aula de Primaria en la EEI de Verdudido. DAVID FREIRE

La defensa de los intereses de sus hijos iniciada semanas atrás por los padres y madres de alumnos de la Escuela de Educación Infantil de Verducido ha obtenido su primer espaldarazo por la vía judicial. Después de que el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Pontevedra rechazase las medidas cautelares propuestas por la representación legal de los progenitores, que pedían la incorporación de personal docente para el inicio del curso de Primaria, ahora obtienen amparo por parte de la Fiscalía Provincial. El Ministerio Público entiende que el cierre del aula sin una notificación previa supone "una lesión de los derechos fundamentales a la educación de los menores", atendiendo punto por punto la demanda presentada por los padres.

Como se recordará, la Consellería de Educación decidió de forma unilateral el cierre del aula de Primaria en la Escola Rural de Verducido atendiendo a criterios de número, al entender que no había suficientes alumnos matriculados como para mantener el servicio en el centro educativo. Sin embargo, la Xunta de Galicia cometió un error que ahora, salvo sorpresa, le obligará a dotar a la unidad del maestro o maestra que permita mantener el aula abierta. La intención del cierre, si bien sí fue conocido por otras vías, no fue notificado por escrito y de forma fehaciente, vía Diario Oficial de Galicia, a los progenitores, que se presentaron el 10 de septiembre, día que comenzaba oficialmente el curso, en las puertas de la EEI de Verducido y acompañados de un notario que dio fe de los hechos denunciados por los padres y madres.

"Es cierto que supimos de la voluntad de cerrarlo por parte de la Consellería de Educación, pero no recibimos ninguna resolución", explica Luis Rey, portavoz de los afectados, que añade que "pedimos que se nos ponga una profesora, como corresponde. Pensamos que ya debían haberlo hecho de forma cautelar. Los niños están maltratados y tienen que tener a su maestro".

La Fiscalía Provincial de Pontevedra, que recibió la demanda para emitir su informe, valoró toda la documentación aportada por los padres. Tras ello, entiende que sus argumentos son ajustados a derecho, los asume y defiende que se han vulnerado los derechos fundamentales de los niños.

A partir de ahora, los pasos a seguir serán de lo más veloz, dado que algunos de los pequeños siguen ahora sin acudir a ningún centro de estudios, en espera de una resolución. Al tratarse de un asunto en el que los grandes perjudicados son los niños, el juez deberá tomar una determinación definitiva ante lo sucedido. No en todos los casos atiende a los postulados que defiende la Fiscalía, pero deberá argumentar muy bien su fallo si decide dar la razón a la Xunta y mantener el cierre de la citada aula de Primaria.

El juez había propuesto a los afectados un traslado al colegio de Xeve, e instó a la Administración a ser flexible con el plazo de matrícula (están matriculados en Verducido), pero esa idea no convence a las familias, dado que el criterio de cercanía no está entre sus prioridades. "Hemos ido a Verducido por su proyecto educativo. Es un colegio pedagógico en el que coordinamos proyectos internacionales", dicen.

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