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El fiscal archiva la causa contra el presidente de Ence, que compareció como investigado

Colmenares, durante una asamblea de Ence en Madrid. DP
Colmenares, durante una asamblea de Ence en Madrid. DP
Juan Carlos Aladro interrogó a Colmenares tras sus palabras sobre la posibilidad de un accidente grave en la pastera. Tras las diligencias, la Fiscalía considera que la instalación es segura y que la caldera tiene vida útil hasta al menos 2032

"En Pontevedra, con esa caldera de recuperación y esa caustificación inestable, podemos tener un susto medioambiental mayúsculo en cualquier momento, que puede afectar además a las personas". Esas fueron las palabras de Ignacio de Colmenares, presidente de Ence, que trascendieron en febrero de 2021 y que se tradujeron en una minuciosa investigación judicial por parte del fiscal jefe provincial, Juan Carlos Aladro, por un supuesto delito medioambiental. Meses después y tras la solicitud de multitud de medios de prueba, el mismo fiscal que abrió diligencias de oficio da carpetazo al asunto.

La factoría pontevedresa es completamente segura, lo mismo que la caldera a la que aludía el máximo dirigente de la entidad en su discurso. Tampoco contamina. Eso es lo que se extrae de todos los informes solicitados por el Ministerio Público, que no dudó en llamar a declarar en calidad de investigado al propio Ignacio de Colmenares, que se presentó en A Parda con su equipo de asesoría jurídica.

Guardia Civil, Xunta, Ministerio y la propia empresa acreditaron la inexistencia de riesgo de catástrofe medioambiental

Tras la polvareda que se levantó después de que trascendiesen las palabras del jefe de Ence en una alocución filmada de cuatro minutos, el fiscal no perdió el tiempo. Ordenó al Seprona de la Guardia Civil que iniciase una investigación, lo mismo que a los responsables medioambientales de la Xunta de Galicia. La Consellería de Medio Ambiente y hasta el Ministerio tuvieron que emitir sus informes para ser valorados. Aladro estaba preocupado y quería atar todos los cabos.

LOS DATOS. Para ello, además, el fiscal se dirigió a Ence. La empresa puso sobre la mesa todos los datos, no solo en materia de cumplimiento de normativa medioambiental (con un compliance técnico a cargo de una conocida firma del sector) sino también sobre su situación económica. "Acreditaron que la empresa estaba a cero en contaminación, tanto en la actualidad como en las perspectivas de futuro", explica el fiscal. "Aportaron toda la documentación que se le requirió y supimos quién se encarga de hacer que todo eso funcione", añade.

En cuanto a la caldera de recuperación que fue objeto de debate tras las palabras del CEO de la entidad, los informes señalan que tiene una vida útil de al menos once años más, hasta 2032, en sus condiciones actuales. También es segura.

El investigado, ahora exonerado, aludió a que sus palabras ante los accionistas habían sido sacadas de contexto

El fiscal jefe también supo de primera mano que en la actualidad, la pasta de papel ya no es el negocio único de la compañía, sino que también consigue grandes ingresos por la generación de electricidad. Todo ello le sirvió para asegurarse de que los niveles de contaminación y peligrosidad eran leves o inexistentes.

Tras recopilar y examinar todos los informes recibidos e interrogar al investigado, Aladro archivó las diligencias, no sin antes informar de todo lo actuado a la Fiscalía especializada en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. De este modo, la Justicia pone fin a la intensa polémica generada tras las palabras de Ignacio de Colmenares, que acarrearon un exhaustivo análisis sobre el funcionamiento de la factoría. Todo ello sirvió para dejar claro que aquella frase del presidente de Ence sobre la caldera no significaba lo que parecía de un primer vistazo.

Futuro incierto 
A la espera del Tribunal Supremo Ignacio de Colmenares estaba explicando el plan estratégico de la compañía para el período que va de 2019 a 2023 (que incluiría una inversión de 250 millones) cuando pronunció las palabras que desembocaron en la investigación. Ese plan multianual podría sufrir importantes cambios en función de la determinación que adopte el Tribunal Supremo, que estudiará la sentencia que invalida la prórroga de la concesión a la pastera que en su día suscribió el Gobierno de Mariano Rajoy. 

La situación actual es de tensa espera y con intereses enfrentados. Por una parte, la empresa y los trabajadores, que defienden la permanencia de la factoría en su actual emplazamiento en la ría de Pontevedra. Con el apoyo del PP y de la Xunta de Galicia, manejan ahora la opción de una posible adscripción de los terrenos al Puerto de Marín.

Por otra parte, al amparo de la Audiencia Nacional, el Concello de Pontevedra y colectivos ecologistas como APDR exigen que la pastera sea desmantelada o bien que se le busque un nuevo emplazamiento. Esa es la posición que defiende el Gobierno central.

El fiscal archiva la causa contra el presidente de Ence, que...