lunes. 06.07.2020 |
El tiempo
lunes. 06.07.2020
El tiempo

La Fiscalía y el Estado se enfrentan en el juicio por los peajes de Rande

Imagen de retenciones en el puente de Rande durante las obras. RAFA FARIÑA
Imagen de retenciones en el puente de Rande durante las obras. RAFA FARIÑA
La vista se inicia este martes en A Parda con el ambiente enrarecido tras el movimiento de última hora ► Los agentes de Tráfico ofrecerán un testimonio clave para conocer el alcance de los atascos en la AP-9 ► La acusación reclama la devolución de los peajes durante las obras de Rande

El Juzgado de lo Mercantil 1 de A Parda acoge desde las 10.55 horas de este martes el juicio contra Audasa por los cobros de peaje presuntamente abusivos durante las obras de Rande.

El juez ha admitido al Estado como parte diciendo que "puede defender intereses propios, distintos a los de los ciudadanos" en el caso de Audasa.

Resulta indudable que el Estado está interviniendo en defensa de la parte demandada" añade el juez, que admite su personación en la misma posición que Audasa y en contra de los intereses de todos los ciudadanos de la provincia y de la Fiscalía de Pontevedra.

EL ANÁLISIS. De un lado, el Ministerio Público, que ejerce la acusación en nombre de los ciudadanos de la provincia. De otro, Audasa, empresa concesionaria de la autopista AP-9. El fiscal reclama la devolución de todos los peajes cobrados a los usuarios del vial entre el 27 de febrero de 2015 y el 1 de junio de 2018, período durante el cual, según entiende, la ejecución de las obras de ampliación del puente de Rande afectaron de forma "relevante y constante" al tráfico en la autopista, especialmente en el entorno del viaducto.

1. La acusación
La Fiscalía entiende que en el período que fue objeto de investigación se sucedieron los atascos y embotellamientos sin que la concesionaria moderase el importe de los peajes o levantase las barreras, en caso necesario. Al contrario. Audasa incrementó los precios tal y como tenía previsto a pesar de tener constancia de que no podía prestar el servicio en condiciones óptimas. El Ministerio Público entiende que tales prácticas fueron del todo abusivas para los consumidores, que en el tiempo analizado efectuaron 77 millones de desplazamientos abonando tasas por importe de más de 90 millones de euros.

2. La reclamación
Por los hechos, y en vista de que durante el citado período tampoco existía la señalización adecuada que advirtiese a los automovilistas del riesgo de atasco si transitaban por la AP-9, el Ministerio Público solicita, por una parte, que se declare nula la práctica del cobro del peaje cuando la empresa no pueda garantizar que las condiciones del servicio vayan a ser las adecuadas. Además, pide que se devuelven los importes íntegros de los peajes abonados en su momento y, en los casos en los que los usuarios hayan sufrido más perjuicios (en forma de retenciones), una indemnización del doble del importe satisfecho.

3. La defensa
La empresa concesionaria parte de la premisa de que es el Ministerio de Fomento, y no ella, la competente a la hora de moderar los precios o de subir o bajar las barreras, en caso necesario, por lo que sostiene su no culpabilidad en lo sucedido. Entiende que sus actuaciones fueron avaladas por el Estado, incluida la demarcación de Carreteras. Un representante de Audasa, uno de los ingenieros de la AP-9 y miembros de Carreteras del Estado son algunos de los testigos que aportará la compañía. Además, defenderá la tesis elaborada por un perito de parte que pretende acreditar que las obras no afectaron al flujo de circulación, por una parte, y que si hay algún responsable, ese es la Administración, y no la concesionaria. La firma añade que los automovilistas eran conocedores de las obras y que optaron libremente por el uso de la AP-9 a pesar de la existencia de vías alternativas.

4. El abogado del Estado
La gran sorpresa en esta fase final antes de la vista, que comenzará a las 10.30 de este martes, fue la personación de la abogacía del Estado. Este movimiento no ha gustado nada a la Fiscalía, que lo considera extemporáneo (de hecho, particulares intentaron añadirse a la causa antes que la abogacía y el juez lo rechazó por estar fuera de tiempo). El Ministerio Público pontevedrés entiende que le corresponde a él defender los derechos de los consumidores y que no se discutirá la concesión. Aunque ya presentó su oposición por escrito, el fiscal volverá a exigir que se aparte a la abogacía de la vista oral antes de su inicio.

5. Posibles recursos
Tras el juicio, sea cual sea el dictamen, las partes tendrán la posibilidad de presentar recursos ante diferentes instancias. La primera será la Audiencia Provincial de Pontevedra.

6. ¿Cómo cobrar?
Desde el momento en el que el juez dicte la ejecución de la sentencia (probablemente no sea hasta que se resuelvan los recursos), cualquier particular puede adherirse a la causa como perjudicado y, después de acreditar documentalmente los pagos de los peajes en el período investigado, recuperar las cantidades en virtud de la sentencia, si fuese condenatoria.

La Fiscalía y el Estado se enfrentan en el juicio por los peajes de...
Comentarios