Una rebaja a la mitad. Eso es lo que obtendrán los dos acusados del crimen de Ramallás, autores confesos del robo violento que desembocó en la muerte de Pilar Fernández Otero a finales de julio de 2016. La fiscal del caso, Marta Durántez, ha modificado sus conclusiones provisionales tras lo visto durante toda esta semana en la Audiencia, donde quedó acreditada la comisión de los hechos por parte de ambos investigados, pero también que acabaron con la vida de la octogenaria de Ramallás empujados, en cierto modo, por su grave adicción a las sustancias estupefacientes.
Esta circunstancia atenuante, unida al expreso reconocimiento de los hechos por parte de Constante Sánchez y José Manuel González Cruz, les sirvió para obtener, previo acuerdo entre el Ministerio Público y sus propias letradas, una petición de pena de quince años de cárcel, divididos en tres y medio por el delito de hurto (procedente del primer asalto a la vivienda, perpetrado durante la tarde del 29 de julio) y once y medio por el delito de robo con intimidación y homicidio agravado por el uso de disfraz y el abuso de superioridad, además de la reincidencia, que concurren en ambos casos.
El citado pacto alcanzado entre las partes en litigio es sinónimo de condena en idénticos términos, a falta de la emisión del veredicto por parte de un jurado popular que tiene el trabajo más sencillo que en otras ocasiones dadas las circunstancias. Su decisión, que se espera para última hora de la mañana de este jueves, se presenta como un mero trámite que incluso podría ser el preámbulo de una condena in voce, algo que ya sucedió en la misma Sección Cuarta hace escasos meses en circunstancias similares.
La sesión plenaria del miércoles tuvo como elemento único (antes de los informes de las partes) la intervención de las forenses del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), que explicaron con detalle a los miembros del jurado la naturaleza de las lesiones que acabaron en la muerte de Pilar. Señalaron que la sola rotura del bazo habría sido letal de no ser por la veloz intervención de los facultativos, y aseguraron que para romper ese órgano es preciso "un golpe directo con mucha energía". Indicaron, asimismo, la existencia de fracturas en costillas de la cara anterior y posterior, una de ellas desplazada, lo que indica que "tuvo que ser una agresión fuerte".
Por otro lado, explicaron que la causa de la muerte fue un pequeño sangrado de la arteria pulmonar, indetectable y sin tratamiento posible en la actualidad, que fue inundando la zona de los pulmones hasta provocar el fallo multiorgánico que resultó letal.
Las mismas doctoras analizaron el historial clínico de los dos investigados y llegaron a la conclusión de que tanto uno como otro "pueden ser considerados toxicómanos de larga duración", si bien concedieron una mayor gravedad al estado de González Cruz.
La sesión de este miércoles finalizó con un detallado informe en el que la fiscal resumió a los miembros del tribunal popular todas las pruebas que se practicaron durante los tres días del juicio y les pidió sentido común para responder a las preguntas que se les plantearán en el objeto del veredicto.
Las letradas de las defensas no criticaron su informe y solo hicieron hincapié en la citada drogadicción de sus clientes.
