El serial Ence cuenta con un nuevo actor, aunque en este caso totalmente ajeno a intereses políticos o empresariales. La entrada en escena de la Fiscalía de Pontevedra obedece, tan solo, "a un ejercicio de coherencia y responsabilidad", apuntan fuentes judiciales.
La Fiscalía Superior de Galicia informaba este viernes al mediodía de que se habían abierto de oficio unas diligencias de investigación penal a raíz de las palabras vertidas por el consejero delegado de Ence, Ignacio de Colmenares, en un vídeo interno dirigido a los trabajadores. En un momento dado, el CEO de la compañía aseguraba que "en Pontevedra podemos tener un susto medioambiental mayúsculo, que puede afectar, además, a las personas":
Esta afirmación hizo sonar todas las alarmas en la Fiscalía Provincial, que al día siguiente revisó exhaustivamente el material que llegó a sus manos y decidió, de inmediato, pasar a la acción. Ese reconocimiento deslizado de un problema de seguridad en la fábrica pontevedresa fue el detonante definitivo.
Los primeros pasos se dieron con reservas y sigilo, aliados fundamentales para que las investigaciones judiciales consigan el premio del éxito. Aunque la noticia trascendió el viernes, desde los despachos de A Parda ya se habían remitido oficios al Seprona de la Guardia Civil y a las consellerías de Industria y de Medio Ambiente para que remitiesen sus respectivos informes sobre el estado de la planta.
El fin último de estas diligencias es conocer el nivel de seguridad dentro de la factoría, con especial interés en los procesos industriales de mayor riesgo y, sobre todo, esa parte de la maquinaria a la que aludía Ignacio de Colmenares en sus advertencias. De confirmarse el ilícito penal, la acusación pública llegaría al Juzgado y el máximo responsable de Ence podría acabar en el banquillo de los acusados. El otro posible desenlace a esta investigación es que esas frases del CEO no se correspondan con un riesgo real para el medio ambiente, con lo que todo el proceso quedaría archivado.
La Fiscalía dispone de un plazo de seis meses para concluir su labor indagatoria y tomar una decisión, aunque fuentes jurídicas consultadas al respecto consideran que, en este caso, el margen se reducirá considerablemente.
PENDIENTE DEL JUZGADO. En cualquier caso, todo este trabajo quedaría automáticamente paralizado si el Juzgado que va a resolver la denuncia presentada por la APDR decide llevarla adelante. El artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que a partir de ese momento la Fiscalía debería aparcar su investigación y ponerse a las órdenes del juez instructor, que capitanearía la suya propia.
Precisamente la APDR expresó este viernes su satisfacción por el paso dado por la Fiscalía, al interpretarlo como un respaldo a las tesis defendidas por los ecologistas.
En nuestro Plan Estratégico 2019-2023 iban 250 millones de euros en inversión para reducir costes y mejorar la sostenibilidad de Pontevedra, el comportamiento medioambiental y la fiabilidad, para no tener sustos. Cuando el Gobierno se allana en el recurso del Ayuntamiento de Pontevedra, en abril de 2019, ya teníamos en marcha una inversión de 50 millones. Faltan los 200 siguientes y no son un capricho, porque Pontevedra, con un cash cost como el año pasado de 400 euros/tonelada no tiene nada que hacer; en Pontevedra, con esa caldera de recuperación y esa caustificación inestable, podemos tener un susto medioambiental mayúsculo, que puede afectar, además, a las personas
DEFENSA DE LA PASTERA. Por su parte, Ence rehusó dar su punto de vista sobre la intervención de la Fiscalía y se remitió a comunicados anteriores, en los que asegura que "el complejo de Lourizán es totalmente seguro".
Basa su afirmación en la certificación Aenor a su "robusto sistema de gestión" y recuerda que sus índices en este apartado "son diez veces mejores que los de la industria en España".
Finalmente, apunta que el vídeo de Colmenares "fue grabado ilegalmente y no debe ser descontextualizado".
Serán castigados con las penas previstas en el artículo 325(*), en sus respectivos supuestos, quienes, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, lleven a cabo la explotación de instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa o en las que se almacenen o utilicen sustancias o preparados peligrosos de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, a animales o plantas, muerte o lesiones graves a las personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales.
(*) El artículo 325 contempla penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años.
