La Fiscalía archiva la denuncia de los comuneros por el cobro del IBI por los terrenos de Montecelo

El Ministerio Público concluye que la demanda carece de "indicios definidos dunha actuación penalmente relevante" ► La factura de 116.000 euros que el Concello giró a Mourente se trasladará al Sergas porque es el titular del hospital
                      La Mancomunidade de Montes de Pontevedra presentó la denuncia en Fiscalía el pasado febrero.
photo_camera La Mancomunidade de Montes de Pontevedra presentó la denuncia en Fiscalía el pasado febrero.

La Fiscalía ha archivado la denuncia que el pasado mes de febrero presentó la Mancomunidade de Montes de Pontevedra por el cobro "irregular" del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por parte del Concello. El Ministerio Público concluye que la demanda carece de "indicios definidos dunha actuación penalmente relevante", tal como este jueves confirmó el concejal de Facenda, Raimundo González Carballo, durante una entrevista con el Diario.

A pesar del sobreseimiento, la Fiscalía abre la puerta a que el asunto puede ser dirimido por otra vía, la judicial. "O arquivo da denuncia é coherente", señala González Carballo, que defiende la gestión realizada por la Administración local a través de su Órgano de Tesourería e Xestión.

El origen del conflicto surge a raíz de un recibo de 116.000 euros que Pontevedra giró el año pasado a la Comunidade de Montes de Mourente por los terrenos donde se encuentra el Hospital Montecelo. A esta factura se añadieron dos más, una de 421 euros y otra de algo más de 50 euros, por otras edificaciones que el Sergas tiene en la zona.

Las parcelas son de propiedad comunal, tal y como reconoció una sentenciar firme del Tribunal Supremo en 2018. Años después de aquel pleito, los comuneros llegaron a un acuerdo con la Xunta por el uso de estos terrenos. El pacto se tradujo en un convenio, aprobado en 2022, que obliga a la Administración autonómica a pagar un canon anual de 23.583 euros a Mourente por el suelo comunal que ocupa el complejo sanitario.

Aquella resolución judicial llevó a la Comunidade de Montes a inscribir un año más tarde, en 2023, los terrenos recuperados en el Registro de la Propiedad y en el Castastro. Esta regularización motivó que el recibo del IBI se girase a la entidad parroquial.

El edil de Facenda recuerda que la factura emitida por el Concello fue consecuencia de la comunicación previa del Catastro. "A competencia de dar de alta o IBI é deles. A partir de aí, os servizos municipais o único que fan é emitir recibos. O que chegou aquí foi a comunicación onde o titular catastral deixaba de ser o Sergas e pasaba a ser a Comunidade de Montes", explicó González Carballo, que afirmó que esta situación fue analizada sin éxito con el organismo estatal, que depende del Ministerio de Hacienda. "Explicóuselle a situación: que enriba deses terreos había un edificio do Sergas e que había que pasarlle o recibo a eles. Entón, díxosenos que o que se gravaba era o solo e todo o que estaba enriba do solo", añadió.

A pesar del archivo de la denuncia, que presentaron ocho comunidades de montes en Fiscalía, Pontevedra mantiene que debe ser la Xunta quien se haga cargo de este impuesto. Tanto es así que el Concello ha enviado ya al Sergas un escrito de la Comunidade de Montes de Mourente en el que se informa de todo este procedimiento y en el que se adjunta la copia del convenio que en su día firmaron comuneros y Administración autonómica por el cobro del canon por la utilización de los terrenos comunales por parte del Hospital Montecelo. "En principio está nesa situación. Ese recibo está comunicado ao Sergas", subrayó el edil del BNG, que confía en que el Servizo Galego de Saúde asuma el pago del IBI.