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La Fiscalía mantiene la petición de tres años de cárcel para Louzán y Piñeiro

Louzán y otros investigados, este sábado, en A Parda. GONZALO GARCÍA
Louzán y otros investigados, este sábado, en A Parda. GONZALO GARCÍA
Los policías confirmaron en la sesión de este sábado que las obras objeto de investigación ya estaban hechas antes de ser contratadas
 

Los juzgados de A Parda acogieron este sábado, de forma excepcional y con el único objetivo de dar carpetazo al asunto de una vez por todas, la segunda y última sesión del juicio por prevaricación y fraude en el que se acusa al expresidente de la Deputación, Rafael Louzán, y a la exalcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, además de varios técnicos y empresarios, de urdir un plan para abonar unas obras a la empresa Construcciones Eiriña que, según la Fiscalía, ya se habían ejecutado. El desenlace de la vista oral no se salió un ápice de lo esperado: el representante de Delitos Económicos, Augusto Santaló, mantuvo su petición de penas de tres años de prisión para los principales investigados,
a lo que añadió un epígrafe que no constaba en su escrito de acusación inicial: la solicitud de la devolución de la cantidad supuestamente defraudada, algo más de 86.000 euros, por parte de la empresa que la recibió. Los letrados de cada uno de los investigados pidieron la absolución y aún tienen esperanzas de que alguna de las cuestiones previas que invalidarían las actuaciones sea tenida en cuenta por la jueza del caso.

La última jornada del juicio tuvo como testigos destacados a dos de los policías que efectuaron la inspección ordenada por la Fiscalía para asegurarse de que las obras objeto de investigación habían sido ejecutadas antes de la contratación que ahora se debate. Ambos explicaron que los trabajos estaban hechos, indicando como ejemplo "un casetón" y distintas mejoras que, al parecer, formarían parte del proyecto que se ejecutó con posterioridad.

El juicio, que quedó visto para sentencia, es una pieza separada de la operación Patos que se investigó en 2013. Los delitos que aprecia la Fiscalía Provincial vienen dados por el supuesto ingreso de 86.000 euros en las arcas de Eiriña por unas obras que se habrían realizado con anterioridad, con el presunto beneplácito del ahora presidente de la FGF y
de la actual delegada de la Xunta en Pontevedra. Para ello, según la acusación, contaron con la connivencia de otros empresarios a la hora de concursar por un trabajo que ya estaría ‘dado’.

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