Fomento da un nuevo impulso a la A-57

Hace oficial el contrato de control y vigilancia de las obras del primer tramo de la autovía entre Vilaboa y A Ermida, que costará 1,47 millones de euros. La concesionaria, una UTE de empresas coruñesas, presentó la mejor oferta económica

El Ministerio de Fomento ha dado un nuevo paso para las obras del primer tramo de la A-57, entre Vilaboa y A Ermida. La Dirección General de Carreteras anunció este lunes a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) la formalización del contrato de control y vigilancia de la actuación, que ha sido adjudicada a Iceacsa Consultores S.L.U. y Proyfe S.L., una Unión Temporal de Empresas con domicilio social en la provincia de A Coruña.

La concesionaria presentó la mejor oferta económica, tal y como recoge el BOE. De esta forma, el coste del control de los trabajos en la futura autovía ascenderá a 1.479.410,86 euros, lo que supone un 28,6 por ciento menos del importe de licitación, que se situó en 2.073.456 euros.

El nuevo avance burocrático llevado a cabo por el departamento que dirige la ministra Ana Pastor se enmarca en la antesala de lo que será la adjudicación completa del primer tramo de la A-57, cuyas obras comenzarán probablemente a lo largo del verano, tal y como avanzó la dirigente ‘popular’ en un desayuno informativo organizado recientemente por este periódico.

El proyecto establece que la duración de los trabajos para construir esta infraestructura será de 40 meses. El Gobierno invertirá algo más de 91,4 millones de euros en la actuación, de los cuales 86,3 millones corresponden al presupuesto de licitación de la obra; 4,1 millones se destinarán a pagar las expropiaciones y, el resto, a un plan de vigilancia ambiental y a impuestos.

A FRACHA. La puesta en marcha de la A-57, que Fomento bautiza como circunvalación, se ha convertido en una de las actuaciones más polémicas del mandato, sobre todo por la resistencia de la plataforma vecinal Salvemos A Fracha, que denuncia el derroche de dinero público y el impacto negativo que el "corredor" tendrá en zonas como la parroquia de Marcón.

El colectivo confía en que el proyecto sea suspendido por la Audiencia Nacional, ante la cual ha presentado un recurso en el que advierte de "irregularidades" en su tramitación. Estas anomalías fueron denunciadas también, aunque solo públicamente, por el PSOE.

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