PONTEVEDRA. El Gobierno Central asegura que de todas las instalaciones asentadas en los 10.200 kilómetros de costa del país, "solo hay 31 concesiones" que podrían llegar a su punto y final a causa de la modificación del Reglamento General de Costas que está en tramitación. Todas ellas por desarrollar actividades que son incompatibles con el dominio público marítimo-terrestre y que pueden llevarse a cabo en otros emplazamientos alejados del litoral.
La concesión de Ence, concedida en 1958 y prorrogada en 2016, es una de las que está en el punto de mira. Otras dos de las que corren peligro están ubicadas en la provincia, pero son "empresas pequeñas", y otras dos están situadas en la costa de la provincia de A Coruña. Sus nombres no trascienden porque su casuística es diferente. "Ence es la única firma cuya concesión ha sido judicializada", informaron ayer a este periódico responsables del Ministerio de Transición Ecológica.
En los últimos días la Xunta de Galicia ha subrayado que hay cerca de 2.000 empresas que pueden verse afectadas por el Real Decreto que ha puesto sobre la mesa el Gobierno socialista para modificar el Reglamento General de Costas de 2014. Sin embargo, fuentes del Ministerio precisan que para la mayor parte de las compañías la afección sería parcial y salvable.
La propuesta socialista aboga por imponer un máximo de 75 años para todas las concesiones, incluyendo las posibles prórrogas. Dicha franja temporal afecta a un porcentaje notable de empresas de la provincia y la comunidad que superan o preveían sobrepasar ampliamente esta antigüedad y que, con la nueva norma, se ven abocadas a finiquitar la concesión. Sin embargo, el Ministerio insiste en que la caducidad de los permisos no implica el cierre y que ésta se puede sortear con una nueva concesión. El único peaje a pagar a cambio es que en estos casos la concesión puede ser solicitada por otras empresas candidatas, lo que abrirá la puerta a la libre competencia.
Otro de los horizontes que plantea el nuevo reglamento consiste en mantener las instalaciones de una empresa en las que se celebran actividades vinculadas al mar y desplazar aquellas en las que se desarrollan tareas que no necesitan estar cerca del litoral, más relacionadas con el empaquetado, el tratamiento o la logística. "Hay casos en los que se podrían suspender parte de actividad y mantener otra".
De entrada, las bateas, los astilleros y otras industrias acuícolas estarían amparadas por la nueva norma.
PREOCUPACIÓN. A la espera de conocer el desarrollo del reglamento, el Gobierno central ha trasladado a la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas, Anfaco, que no defenderá la prórroga de ninguna empresa en la franja de dominio público marítimo-terrestre si está pendiente de un recurso judicial, sino que serán los jueces los que determinen su futuro, y que tampoco renovará las concesiones con más de 75 años de permanencia.
El cambio de postura del Ejecutivo central ha encendido todas las alarmas entre los empresarios conserveros, que ayer mismo debatieron sobre el asunto en la junta directiva de la asociación. En su sector contabilizan al menos cinco firmas que podrían verse afectadas por el nuevo reglamento y consideran que la situación es extensible a otros sectores cuyas factorías están emplazadas en la costa. Precisamente, uno de los acuerdos adoptados por la junta fue el de solicitar un dictamen jurídico externo para aclara la afección del nuevo reglamento a las empresas del sector, "porque no está muy claro a qué tipo de concesiones afecta", informó ayer su presidente, Juan Manuel Vieites. "Todo está muy dudoso, así que hemos acordado profundizar en la materia y vigilar este asunto", añadió. La asociación acordó, además, contactar con las administraciones con competencias para arrojar algo de luz sobre el futuro que les espera a las industrias del litoral. "Nos pondremos a trabajar sobre esto para intentar perjudicar lo mínimo al sector", que factura 10.500 millones de euros y que da empleo a 26.000 personas.
