El grupo empresarial público Tragsa será el responsable de localizar sobre el terreno qué ubicaciones podrían ser aptas para un posible traslado de Ence, preferiblemente dentro de la comarca de Pontevedra para amortiguar un hipotético cierre de la pastera.
La búsqueda ha sido encomendada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La previsión inicial era la de adjudicar el informe a expertos de la Universidade de Vigo, pero a principios de este año el Gobierno admitía que había problemas para una contratación directa a la institución universitaria, por lo que estudiaría la posibilidad de adjudicar el estudio a través de un concurso público.
Finalmente, según indicaron este jueves fuentes ministeriales a este periódico, el departamento que dirige la socialista Teresa Ribera se encontró "con algunas dificultades jurídico-administrativas para poder formalizar un encargo". Por ello, ha decidido adjudicar el trabajo «al medio propio", el Grupo Tragsa, de capital social íntegramente público y formado por las sociedades mercantiles Tragsa y Tragsatec.
Las fuentes consultadas no han podido concretar la inversión ni el plazo de ejecución, pero sí avanzan que "en cuanto el estudio esté concluido" el Ministerio convocará una nueva mesa de diálogo sobre el futuro de Ence. En el supuesto de que se mantengan las condiciones que se barajaron cuando se preveía contratar a la UVigo, esto significa que en el plazo de tres meses el estudio podría estar concluido.
TRASLADO. El compromiso de buscar ubicaciones alternativas fue adquirido en la última mesa de diálogo sobre Ence, celebrada en Pontevedra el pasado 15 de octubre. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, prometió entonces que el Ministerio para la Transición Ecológica encargaría un informe "neutral" para localizar emplazamientos alternativos que permitirían cerrar Ence en Lourizán y construir un nuevo complejo industrial.
El socialista respondía así a la negativa de la Xunta a plantear posibles ubicaciones y al propio informe presentado por Ence, que concluyó que no había otro lugar en Galicia apto para una nueva Celulosas tras analizar 400 ubicaciones en la región. Tanto Xunta como empresa defienden que la única opción para mantener Celulosas con pulso pasa por mantenerla en Lourizán. De hecho, ambas respaldan la adscripción de los terrenos de la fábrica a la Autoridad Portuaria para sortear la Ley de Costas y una posible sentencia en contra del Tribunal Supremo, el órgano judicial que evalúa ahora mismo si la prórroga de la concesión que obtuvo la fábrica hasta 2073 (anulada por la Audiencia Nacional) es válida o no.
El comité de oficinas de Ence y la sección sindical de CC.OO. celebrarán el día 27 la marcha prevista para el 18 de febrero, suspendida por el naufragio del Villa de Pitanxo
FUTURO. Ence ha dicho por activa y por pasiva que el traslado no es viable y que ni siquiera se puede recurrir a este concepto, porque mudarse a otro emplazamiento implicaría levantar una fábrica nueva, lo que supondría una inversión de 700 millones que no tiene encaje en sus cuentas. En cambio, el Gobierno central ha avanzado que la adscripción al Puerto sería un fraude de ley y que, si finalmente Ence pierde la batalla judicial, deberá abandonar la ría pontevedresa, De ahí, que insista en la necesidad de buscar hueco para una nueva factoría, para la que se ofreció a colaborar para captar fondos europeos.
Dentro de la plantilla las opiniones son opuestas. El comité de oficinas (liderado por CC. OO.) defiende la continuidad en Lourizán, mientras el comité de la fábrica (liderado por CIG y UGT) aboga por garantizar los puestos de trabajo. Hoy mismo se concentrará para urgir la mesa de diálogo.
La ministra Teresa Ribera indicó en enero, en una visita a Galicia, que para el Ministerio son dos propuestas «prioritarias» por ser zonas de "transición justa". Ambos municipios coruñeses se han visto afectados por el cierre de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama y, por ello, son susceptibles de captar fondos europeos que, llegado el caso, podrían utilizarse para financiar la nueva planta.
RESPALDO DE FORMOSO. El regidor de Cerceda no se ha pronunciado, pero el alcalde de As Pontes y líder de los socialistas gallegos, Valentín García Formoso, sí trasladó a este periódico (en febrero) que el municipio tiene "capacidad demostrada" para albergar una industria como Ence.
