El Gobierno sigue negando estas consecuencias y sostiene que la Ley no tendrá efecto sobre las prórrogas en vigor, que podrían verse limitadas en el tiempo al cumplir 75 años, un tope establecido en la Ley de Patrimonio y que la revisión de la Ley de Costas permitió superar en determinados casos, como sucedió en 2016 con la prórroga de Ence.
Lo cierto es que, pese a las enmiendas transaccionales que presentarán PP y BNG contra el polémico artículo 18 (los nacionalistas gallegos a través del grupo Plural), ninguna de ellas obtendrá los apoyos suficientes para obligar al PSOE a modificar el texto de este punto o retirarlo definitivamente del proyecto de ley.
Los representante de ERC, Plural, PP, PNV y Cs votarán por separado en la comisión del próximo jueves. Los dos primeros apoyando la propuesta del Bloque y los tres últimos con la transaccional del PP. La diferencia entre ambas es que el BNG pide que se anule el artículo 18, pero solo para determinadas empresas entre las que no está Ence, mientras el PP exige la retirada de sus efectos para todos los posibles afectados.
En medio, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya trasladó oficialmente al presidente de Ence que si la empresa gana el recurso interpuesto por el Concello de Pontevedra y la APDR contra la prórroga de 60 años concedida en 2016, la decisión judicial no será recurrida por el Gobierno y se aceptará su continuidad en la ría "diga lo que diga la nueva Ley de Cambio Climático".
Y en medio también, la oferta de diálogo para que empresa, trabajadores, ministerio, Xunta y Concello se sienten en una mesa de diálogo para garantizar el futuro de los puestos de trabajo con un posible traslado de Ence fuera de Lourizán, una propuesta de negociación que el Gobierno no materializará en ningún caso antes de "garantizar" la aprobación de la Ley de Cambio Climático en el Parlamento. La Xunta ya ha sugerido que no acudirá si la negociación no incluye el posible cambio del mencionado artículo 18.
El Ejecutivo gallego, además, amenaza con un posible recurso de este texto legal ante el Tribunal Constitucional, por considerar que su posible retroactividad sobre las concesiones aprobadas en la costa vulnera derechos fundamentales de las empresas y de sus trabajadores.
Esta posibilidad se vio este lunes reforzada después de conocerse que el Consello Consultivo de Galicia ha emitido un informe en el que considera directamente "inconstitucional" parte del articulado de la Ley de Cambio Climático, una norma envuelta en una polémica a dos bandas entre el Gobierno central y la Xunta por su supuesta afectación al sector conservero e industrial del litoral gallego y, en concreto, a la situación de empresas como Ence en Pontevedra.
El informe, según precisó este lunes la Xunta, afecta precisamente al artículo 18.4 de esta norma, el punto más criticado por la Administración gallega por su supuesta afectación a las prórrogas de las concesiones del tejido empresarial que se encuentra en el dominio público marítimo terrestre y concedidas antes de su entrada en vigor.
El Consello Consultivo considera que la redacción de este artículo tendrá consecuencias en ese régimen de prórroga extraordinaria que contempla la vigente Ley de Costas y, por ello, limitará el plazo de hasta 75 años que permite esta normativa al tener una "evidente eficacia retroactiva tácita".
El organismo señala que ese fue el propósito del Gobierno central y que así se desprende de la propia Ley de Cambio Climático, por lo que el artículo afectará tanto a los plazos de duración de estas concesiones y de las prórrogas otorgadas antes de su entrada en vigor, como también a la validez que los actos administrativos dictados al amparo del texto anterior.
En definitiva, añade la Xunta, el informe concluye que el punto 18.4 de la Ley es inconstitucional por vulnerar "el principio de seguridad jurídica" que recoge el artículo 9.3 de la Constitución.
La previsión del Ministerio de Transición Ecológica es aprobar la ley en el Congreso de los Diputados este mismo mes para su remisión al Senado, donde el PSOE tiene los votos garantizados para sacar adelante el proyecto.
TRÁMITES PARLAMENTARIOS. Con posterioridad, la ley regresará al Congreso para su aprobación definitiva y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado. Será entonces cuando la Xunta o cualquier organización que se considere afectada en sus derechos pueda acudir al Tribunal Constitucional. Este estamento judicial podría decretar algún tipo de medida cautelar en el caso de que admita a trámite los recursos.
En medio, para el caso de Ence, podría producirse la decisión en la Audiencia Nacional, sobre los recursos contra la prórroga de la pastera en la ría de Pontevedra, si bien fuentes de la propia Audiencia remarcaron este lunes que los jueces no tienen un plazo previsto para firmar su resolución sobre el caso y podrían incluso aguardar al desenlace de la ley antes de pronunciarse.
2º) Objetivos para 2030: reducir un 23 % las emisiones de gases de efecto inverna-dero; elevar hasta el 74 % la generación de electricidad con fuentes limpias y mejorar el objetivo de eficiencia energéti-ca hasta el 39,5 %.
3º) Prohibición de sondeos y prospecciones de com-bustibles fósiles. Tampoco se autorizará actividades de explotación de hidrocarburos usando el fracking.
4º) Emisiones cero para los coches en 2040.Obligaciones para puntos de recarga en gasolineras y en edificios.5º) Obligación para 2023 de crear zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes.
6º) Los títulos de ocupación de la franja de dominio público marítimo terrestre computa-rán desde su otorgamiento e incluirán todas sus prorrogas, por un período máximo com-putable de 75 años.
7º) Impulso a la rehabilitación energética de los edificios y priorización de los bosques como sumideros de carbono.
8º) El despliegue de las renova-bles deberá ser compatible con la conservación del patri-monio natural y el combate del deterioro demográfico.
9º) Revisión de la sostenibili-dad y el cambio climático en el Sistema Educativo.
10º) Creación de un comité de expertos científicos en clima y transición energética y aprobación de planes nacio-nales de adaptación al cambio climático.
