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El Gobierno se opone a la reclamación ciudadana por los peajes

Imagen de la primera sesión del juicio, con la Fiscalía a la derecha del juez (junto a la bandera de España) y la abogacía del Estado a su izquierda. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
Imagen de la primera sesión del juicio, con la Fiscalía a la derecha del juez (junto a la bandera de España) y la abogacía del Estado a su izquierda. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
El juez del Mercantil 1 de Pontevedra que dirige la causa de la Fiscalía contra Audasa por el cobro presuntamente abusivo en la AP-9 durante las obras de Rande fue categórico y dijo que puede intervenir en defensa de sus intereses "aún siendo distintos a los de los consumidores y usuarios; resulta indudable que se alinea con la parte demandada" ►La vista comenzó como se esperaba: los testigos de la defensa aseguran que "el tráfico fue fluido" durante las obras

El inicio de la vista oral que decidirá acerca de la acción colectiva de cesación y resarcimiento iniciada por la Fiscalía Provincial de Pontevedra contra Audasa, empresa concesionaria de la AP-9, sirvió para poner todas las cartas sobre la mesa. El abogado del Estado, que se había personado en la causa apenas doce días antes del comienzo del juicio, consiguió su objetivo de permanecer en el estrado y formar parte del plenario, superando la oposición del Ministerio Público y del resto de acusaciones. Se halló de bruces, eso sí, con la intervención del juez, que, tras asumir su presencia en la sala, concretó lo que el letrado no se atrevió a decir en su escrito: que interviene en defensa de la empresa concesionaria y en contra de los intereses de todos los ciudadanos de la provincia representados por el fiscal. "Los poderes públicos también pueden promover la defensa de sus propios intereses y decidir intervenir defendiendo intereses distintos a los de los consumidores o usuarios", espetó el magistrado, que añadió que "resulta indudable que la Abogacía General del Estado se alinea con la parte demandante, aunque no lo diga expresamente".

El abogado del Estado (izda) y los dos letrados de Audasa, la parte demandanda en el juicio. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

CUESTIÓN PREVIA. Aunque no se tratase de un turno de cuestiones previas stricto sensu (todas ellas quedaron resueltas en la vista preliminar, como corresponde en asuntos de jurisdicción Civil como el presente), lo cierto es que el juez abrió una ventana inicial para que el abogado del Estado defendiese su presencia allí, primero, y cada una de las partes expusiesen sus alegaciones. El letrado, en una intervención fugaz, simplemente dijo que su no personación podría retrasar todo el trámite, indicando que tendría la posibilidad de presentar un recurso y de ganarlo.

Manuel Marquina. Juez titular del Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra
"Los poderes públicos también pueden proponer la defensa de sus propios intereses"

Frente a ello, el fiscal le recordó que en su escrito de solicitud no concreta si su posición es la de demandante o la de demandado (el juez no tardó en aclarar este extremo), y añadió que su relato es "una contestación a nuestra demanda que no cabe en el trámite que nos ocupa". En el mismo sentido se pronunciaron las representaciones legales de Adicae y de En-Colectivo (en nombre de consumidores y usuarios afectados) y los numerosos letrados presentes que representan a personas que se vieron perjudicadas por los atascos en el período de más de tres años que duraron las obras de ampliación del puente de Rande en la AP-9.Los dos letrados de Audasa, por el contrario, indicaron que la presencia de la Abogacía, dependiente del Ministerio de Justicia, "es lo que venimos defendiendo desde el principio", indicando que "en este asunto existen dos relaciones, la jurídico-privada entre Audasa y los usuarios de la vía y la jurídico-administrativa entre la concesionaria y el titular de la vía". En alusión a la demanda del fiscal de Pontevedra, añadieron que "la devolución de los peajes modificaría todo el contrato concesional".

Tras escuchar a todas las partes, el juez ordenó el comienzo de la sesión plenaria tras admitir a la Abogacía, dejando claro que no se adhiere a la acción colectiva promovida por el fiscal, sino que se pone de parte de la empresa demandada.

Alejandro Tuero. Fiscal de Consumo
"La posición de la abogacía es una contestación a nuestra demanda que no cabe en el trámite que nos ocupa"

JEFE DE GESTIÓN DE TRÁFICO. El primer testimonio que se escuchó en la sala de vistas, a instancias de Audasa, fue el que vertió el responsable del Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste de la Dirección General de Tráfico (DGT), que explicó que en el marco de sus competencias se halla la vigilancia de las carreteras de las cuatro provincias gallegas, además de una pequeña parte en Asturias y otra en León, y aseguró que tiene el poder necesario para tomar decisiones en la materia. "La señalización de una obra es competencia exclusiva de la DGT", expuso, al tiempo que indicó que todo el tramo de la AP-9 en el que se halla el puente de Rande se encuentra completamente cubierto con cámaras.

El funcionario señaló que Tráfico dispone de un centenar de ellas en la Autopista del Atlántico, cinco de las cuales cubren "por completo" el viaducto y sus inmediaciones, entre los puntos kilométricos 147 y 150 de la vía de alta capacidad. "El tráfico era fluido durante las obras", espetó el testigo. A preguntas de uno de los dos fiscales que defienden la acusación pública en la vista (Álex Tuero y Santiago Miguel), el director del centro de gestión de la DGT en el Noroeste Peninsular subrayó que "no se apreciaron retenciones" en el período de obras que es objeto de litigio, entre el mes de febrero de 2015 y el mes de mayo de 2018, "solo las normales del período estival". Sí reconoció que podrían producirse problemas por los cortes puntuales de carril "en horas diurnas", pero indico que se efectuaban en horario nocturno.

Testigo 1. Director del Centro de Gestión de Tráfico de la DGT
"No se apreciaron retenciones durante el período de obras (...) solo las normales del período estival"

En respuesta al abogado de la asociación de consumidores Adicae, el representante de la DGT admitió que no dispone de cámaras para comprobar el estado del tráfico en la rotonda que se halla debajo del puente de Rande, en la que desembocan vehículos procedentes del corredor de O Morrazo, de la carretera de Vilaboa y de la comarcal que conduce a Moaña por la costa. A preguntas del letrado de En-Colectivo, por otra parte, explicó que solo le consta que se informase en una ocasión de un itinerario alternativo a la AP-9 en esa etapa, y no fue a causa de las obras en el puente de Rande, sino por el incendio en la factoría de Fandicosta, en el término municipal de Moaña.

El representante legal de uno de los afectados le preguntó acerca del tiempo que llevaba el recorrido entre Pontevedra y Vigo en el período investigado, que, según él, era de más de 30 minutos, como media, mientras que normalmente "se tardarían entre 18 y 20, a una velocidad normal". El testigo negó que se incrementasen las incidencias durante las obras, más allá de las típicas durante los meses de verano por la mayor afluencia de automovilistas en dirección a las playas de la península de O Morrazo.

Testigo 1. Director del Centro de Gestión de Tráfico de la DGT
"Algunas referencias (sobre las incidencias) se duplican. Lo cierto es que hubo unas 80"

En el turno de preguntas de la abogacía del Estado, todos los presentes constataron de forma clara que lo que había expresado el juez era cierto: comenzó a poner en tela de juicio la argumentación de la demanda del Ministerio Público pontevedrés que, en teoría, defiende idénticos intereses a los del Gobierno, esto es, los de la mayoría de los ciudadanos. Para ello, interpeló al testigo acerca de los informes en los que la DGT admite 202 episodios de retenciones entre febrero de 2015 y mayo de 2018, en busca de un matiz. "Algunas de las referencias se duplican, en algún caso aparecen hasta seis veces. Lo cierto es que se produjeron unas 80 incidencias en total".

Por último, el juez quiso aclarar si en algún momento, el centro de gestión que dirige explicó a los usuarios a través de cartelería que podían quedarse retenidos en la AP-9 por causa de las obras de Rande. El compareciente indicó que solo se advirtió de ello en una ocasión, con motivo del incendio en Fandicosta, pero en ninguna otra, a pesar de que según los informes, definen cada una de las incidencias mediante un código de colores que indica la gravedad, siendo verde la que causa menores dificultades al tráfico y amarilla, roja y negra las siguientes.

Testigo 2. Jefe de Carreteras del Estado en la provincia de Pontevedra
"En aquella época yo residía en la ciudad de Vigo y, en mi opinión, no se produjeron problemas en la circulación"

CARRETERAS DEL ESTADO. El segundo testigo, también propuesto por Audasa (como todos los que intervinieron en la primera sesión de la vista) fue el responsable de la demarcación de Carreteras del Estado en la provincia de Pontevedra, que ejerció como inspector durante las obras de ampliación de la AP-9 en cuyo transcurso, según los demandantes, se produjeron notables perjuicios para los automovilistas. "En aquella época yo residía en Vigo y, en mi opinión, no se produjeron problemas en la circulación".

Sin embargo, el testigo sí reconoció que detectaron de forma fehaciente contratiempos para los conductores durante cuatro días del mes de mayo de 2018. "Tras comprobar la repercusión mediática que adquiría el asunto decidimos analizar tres tramos", indicó. Sus resultados, teniendo en cuenta que solo se realizaron a lo largo de esas jornadas, fueron esclarecedores, con retrasos mínimos del 100 por cien y máximos del 500. El funcionario relató que para realizar el estudio tuvieron en cuenta tres puntos de la Autopista del Atlántico que normalmente se atraviesan unos dos minutos, el primero en una de las salidas de Pontevedra hacia Vigo, donde detectaron un retraso máximo de otros dos minutos, el segundo en el enlace de O Morrazo, donde informaron de retrasos de hasta seis minutos, y el último en la salida de la ciudad olívica hacia la vía de alta capacidad, sentido Rande, donde los retrasos alcanzaron los diez minutos en un recorrido que debería llevar dos.

Pese a ello, el compareciente aseveró que "las obras se efectuaron satisfactoriamente y con un buen resultado" y dijo que "en 2015, 2016 y 2017 las restricciones fueron mínimas, solo se percibieron en 2018".

A continuación intervinieron dos personas relacionadas con Audasa. El primero, el proyectista de la obra, detalló que "los criterios que seguimos fueron de preservar la máxima seguridad, una afectuación nula al tráfico y al medio ambiente". El segundo, técnico de la empresa concesionaria del servicio, sí reconoció que "Audasa nunca informó a los usuarios en las pantallas de las retenciones en el tráfico".

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