En el mes de febrero, pocos días después del estallido de la operación Mito, el jefe de la Brigada Central de Estupefacientes, Antonio Duarte (ex responsable de la unidad Greco Galicia) presentaba una propuesta al entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, con la idea de ilegalizar las famosas planeadoras. El jefe policial explicaba en su relato que ese tipo de embarcaciones no servían para nada más que para el transporte de grandes cantidades de sustancias estupefacientes. Las mafias afincadas en el Norte de África y el Sur de España, sin embargo, intentaron quitarle la razón: empezaron a utilizarlas para la trata de seres humanos. Precisamente este último movimiento fue el que propició que el Gobierno socialista acelerase el proyecto de ley que estaba en el horno desde el verano. Por la vía del Real Decreto, desde este sábado están prohibidas.
"Con la normativa actual resulta muy difícil actuar contra las organizaciones criminales que emplean estas embarcaciones, pues resulta frecuente intervenirlas cuando se han desprendido de la carga ilícita, resultando prácticamente imposible proceder contra ellas", explica el Real Decreto.
La iniciativa dota a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de una herramienta eficaz para proceder contra estas embarcaciones, que podrán ser intervenidas incluso en tierra y sin carga ilícita.
"La simple tenencia de estas embarcaciones constituirá un supuesto de contrabando y permitirá a las autoridades su incautación", añade el texto legal.
Su construcción era una de las vías de financiación para operaciones ilícitas en las Rías Baixas
El decreto afecta a las embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad, de más de ocho metros de eslora, así como a las de una longitud igual o inferior y que cuenten con una potencia máxima igual o superior a los 150 caballos. Además, cualquier otra embarcación, con independencia de sus dimensiones y potencia, podrá ser aprehendida "si existen indicios racionales de que pueden ser utilizadas para la comisión de un delito de contrabando".
Como excepciones, podrán seguir utilizándose embarcaciones del Estado y de administraciones territoriales, además de las dedicadas al salvamento o a la asistencia marítima, así como otras destinadas a actividades empresariales acreditadas.
La Agencia Tributaria establecerá un registro para las lanchas que se incluyan entre las citadas excepciones.
El decreto será muy perjudicial para un buen número de empresarios gallegos dedicados desde hace años a la fabricación de narcolanchas para su venta a traficantes del Estrecho.
