El colectivo de graduados sociales de Pontevedra se movilizará el próximo día 14 frente a la Subdelegación del Gobierno para reclamar dos cuestiones. La primera, que se reconozca tanto social como institucionalmente el papel que han jugado estos profesionales en la pandemia, en la que tramitaron "miles de prestaciones por desempleo" y cientos de ERTE en tiempo récord. Y la segunda, que el Gobierno central les conceda "atribuciones" con carácter oficial, empezando por la instauración de una especie de "visado" o "auditoría de nóminas", de modo que sean los graduados sociales los que den el visto bueno a las retribuciones, los contratos y los seguros sociales.
El presidente del Colegio de Graduados Sociales, Raúl Eugenio Gómez, advierte de que en la actualidad "hay mucho intrusismo" en la profesión y que muchas otras categorías asumen funciones que deberían ser propias, "desde exempleados de banca a economistas y administrativos". "Es un desagravio, un machaque continuo contra una profesión que tiene más de 80 años de historia y que nació del Ministerio de la Seguridad Social", añade.
En la provincia de Pontevedra están colegiados cerca de 400 graduados sociales, pero se estima que el total puede alcanzar los 1.500 si se añaden los especialistas en relaciones laborales y recursos humanos. Algunos son titulares de despachos propios, otros ejercen como empleados, pero según Gómez, en conjunto, asumen "casi toda la gestión laboral de la provincia", tramitando "el 90% de las nóminas, los seguros sociales y los contratos".
Por ello y porque tienen una relación constante con los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, los graduados sociales exigen esta atribución de forma oficial, mediante una habilitación similar a la concedida por el Ministerio de Justicia para ejercer en los juzgados.
reconocimiento social. En cuanto al reconocimiento social, el presidente del Colegio recuerda que en pandemia los profesionales del sector trabajaron "hasta 20 horas al día" para que las prestaciones por desempleo y ERTE llegaran a los trabajadores. "Incluso cuando la Administración no sabía si era ERTE de fuerza mayor o ERTE ETOP, sacábamos ese trabajo adelante en un máximo de cinco días, pero nunca se nos ha reconocido el trabajo", señala.
La movilización tendrá lugar a las 12 de la mañana y el objetivo es que los protestantes sean recibidos por la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, "para explicarle nuestra postura y pedirle que la haga llegar al Ministerio".
La intención de los promotores es "cerrar en ese momento todas las asesorías donde esté un graduado social al frente", así como el propio Colegio de Graduados Sociales.
