"Si cierra Ence Pontevedra no invertiremos en una nueva planta de celulosa en Galicia. No es posible ni por criterios técnicos ni económicos".
El grupo de Energía y Celulosa es tajante cuando se le pregunta por sus planes de futuro. Si la planta de Lourizán termina cerrando por orden judicial no habrá plan b en toda Galicia, por mucho que presione la esfera política o se movilicen los trabajadores. La empresa asegura que en toda la comunidad gallega "no hay ubicación posible para poder evacuar el agua del proceso" de producción y añade que tampoco dispone de los "700 millones de euros" que cree que costaría levantar una fábrica de cero.
Además, insiste en algo que ya ha dejado caer en alguna ocasión: "Si fuéramos a invertir esta cantidad en una nueva planta, se haría en Portugal o Brasil, donde la mano de obra y la madera tienen un coste un inferior, cerca de un 60% menos, y donde hay una mayor seguridad jurídica", responde a preguntas de este periódico.
El grupo empresarial ratifica la voz de alarma que dio hace dos días el comité de empresa de la fábrica. Entre 2016 y 2019 ha invertido 132 millones de euros en la fábrica de Lourizán, pero desde hace dos años ha "parado todas las inversiones". La causa fue el "allanamiento" de la Abogacía del Estado en el pleito sobre la prórroga de la pastera, en el que rehusó de seguir defendiendo la ampliación del permiso concedido por el Gobierno de Mariano de Rajoy en 2016.
Dicha prórroga tiene validez por 60 años (hasta 2073), pero actualmente está en tela de juicio. La APDR, el Concello y Greenpeace la recurrieron en los juzgados al entender que vulnera la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas de 2003, que establece el tope de 75 años para todas las concesiones; y la Ley de Costas de 1988, que reserva el dominio público marítimo terrestre para actividades que por su naturaleza no puedan estar en otro emplazamiento.
La empresa asegura que no dispone de los "700 millones" que cree que costaría levantar una fábrica de cero
SENTENCIA. El pleito está en manos de la Audiencia Nacional y aunque el fallo (previsto para el primer trimestre de 2020) se presume cerca, ya se sabe de antemano que su recorrido será largo. Ambas partes, demandantes y demandados, han avanzado que recurrirán cualquier fallo en su contra, lo que pospondrá la sentencia definitiva unos cuantos años.
Los posibles efectos de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética alimentan la incertidumbre. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico afirma que la futura norma no tendrá carácter retroactivo y que el futuro de la pastera dependerá única y exclusivamente de lo que sentencien los tribunales. En cambio, tanto para la Xunta como para la empresa la ley sí implica una nueva amenaza al ratificar un tope de 75 años para las concesiones que, a su juicio, sí podría aplicarse con carácter retroactivo. "En su actual redacción, el artículo 18.4 del proyecto de ley es retroactivo. El propio Consejo de Estado ha pedido modificar la redacción para que no sea retroactivo, cosa que no se ha hecho", indican las fuentes consultadas.
Recuerda que el Consejo pidió modificar la Ley de Cambio Climático en trámites, "cosa que no se ha hecho"
LOS FONDOS VAN A NAVIA. La falta de certidumbres ha provocado que las inversiones que Ence tenía previsto ejecutar hasta 2023 en Lourizán se han trasladado al centro de Navia, donde están a la espera de ser ejecutadas.
El comité de la fábrica compareció esta semana para advertir que esta falta de inversión puede acabar precipitando el cierre de la fábrica por "inanición" o por el simple hecho de dejar de ser "competitivos". Según dicen, las inversiones se han reducido a mínimos y se limitan a garantizar que la pastera pueda seguir funcionando.
La situación ha llevado a los trabajadores de la fábrica a movilizarse para pedir a las fuerzas políticas una mesa de diálogo que permita encontrar una fórmula que garantice la continuidad de los empleos: casi 400 directos, cerca de 500 secundarios diarios y más de 4.000 indirectos. De lo contrario, no descartan emprender otras acciones. La Xunta ya les ha dicho que "no puede hacer nada" o, al menos, hasta conocer el sentido de la sentencia.
HORIZONTE. La compañía insistió recientemente en que mantiene su compromiso con Pontevedra y que éste se pone de relieve con iniciativas como el Plan Social Pontevedra (en el que lleva invertidos 3 millones). También insiste en que defenderá la prórroga de la concesión hasta las últimas consecuencias, pero también es incapaz de disipar la incertidumbre que planea sobre la fábrica y su cuadro de personal.
Las hipótesis que están ahora mismo sobre la mesa contemplan tres fechas límite posibles: 2026 o cuando termine el proceso judicial en marcha; 2033, que es cuando terminaría el tope de 75 años que se ha impuesto para todas las concesiones (incluidas ampliaciones), o 2073, que es cuando finalizaría la prórroga vigente.
Vuelta a Madrid
En este escenario el sindicato ha decidido convocar nuevas movilizaciones que, según avanzó este jueves, desarrollará tanto en Galicia como en Madrid, delante del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Con esta sería la segunda vez que se desplaza a la capital. La primera ocurrió en 2019 a raíz del allanamiento de la Abogacía del Estado.
