"Hemos identificado vertiendo incluso a empresas contratadas por un ayuntamiento"

Álvaro Lago Lusquiños es el teniente jefe de la sección del Seprona de la comandancia de la Guardia Civil en Pontevedra
Álvaro Lago. DP
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¿La existencia de vertederos ilegales es un problema que va a menos o que sigue proliferando?

Muchas veces se forman por una cuestión de contagio. A medida que la gente ve que en un punto prolifera un vertedero ilegal, suele aumentar la cantidad de residuos depositados. Atribuirnos a nosotros el éxito de hacer desaparecer un vertedero tampoco sería justo, porque los ayuntamientos son normalmente los que tienen la competencia sobre residuos sólidos urbanos y la mayor parte de las veces son los que toman la iniciativa para hacerlos desaparecer. Pero también es cierto que nosotros denunciamos y que los ayuntamientos tienen conocimiento a través de nuestras denuncias, las de los ciudadanos o de la Policía Local. En la comarca de Pontevedra ha desaparecido uno muy famoso que estaba cerca del Casino Mercantil, en Cons (Mourente), sobre el que habíamos puesto varias denuncias; incluso habíamos denunciado a particulares en el momento en el que estaban deshaciéndose de residuos en ese lugar. También hemos conseguido entre todos erradicar uno que había en Bora, cerca de la Nacional-541; y otro cerca del polígono de Racelo en A Lama. Y pequeños puntos a lo largo de la N-541, en San Xurxo de Sacos, en Viascón, en Atalaia… Vamos denunciándolos e intentando erradicarlos.

¿Cuáles son los residuos más habituales en este tipo de vertederos?

Escombros de obra y residuos sólidos urbanos (RSU), como por ejemplo muebles antiguos. La normativa de residuos es muy extensa y cuando hablamos de RSU nos referimos a aquellos susceptibles de proceder de domicilios y que son competencia municipal, incluso los vehículos abandonados en la calle. Pero luego tenemos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y los RCD (los residuos de construcción y demolición). También hemos encontrado vertederos ilegales con neumáticos de coche que, además, en masa forestal suponen un peligro en la época de alto riesgo de incendio. Hay que tener en cuenta que normalmente en el precio que pagamos por los productos viene incluida la gestión del residuo, por lo tanto, el hecho de que aparezcan neumáticos en un monte nos hace entender que son procedentes de alguna actividad de taller ilegal que no los puede gestionar legalmente porque no está dado de alta como gestor ni industria, es decir, proceden de una activida clandestina. Hay que concienciar a la gente de que hay que seguir siempre los cauces legales para que los residuos que podamos generar sean tratados adecuadamente. Lo digo también por esa figura del ‘gestor’ o ‘transportista’ de residuos que va por los pueblos ofreciéndose a retirar los electrodomésticos viejos y otros enseres. Muchas veces vienen con la típica ‘carriña’ portuguesa y le hacen un apaño al ciudadano, porque se llevan su electrodoméstico viejo sin que le cueste nada, pero hay que entender que una vez que a esos aparatos les sacan los productos que a ellos les interesan, como puede ser el cobre o la parte mecánica, luego el resto acaba tirado en el monte. Y hay que recordar que los frigoríficos, sobre todo los antiguos, contienen componentes altamente contaminantes, sobre todo gases clorados, que normalmente se acumulan en la carcasa y que, una vez que se abre, se liberan a la atmósfera. La gestión de estos electrodomésticos es muy técnica y solo se puede realizar en unos lugares muy determinados. Mucha gente no sabe eso y no obra de mala fe al dejar que estos ‘transportistas’ de residuos se los lleven, pero hay que tener en cuenta esa segunda parte.

Hay que seguir siempre los cauces legales para que los residuos que generemos sean tratados adecuadamente

En los casos en los que localizan a los responsables de los vertederos, ¿suelen ser más ciudadanos particulares o empresas?

De todo. En el sector profesional, deshacerse así de los residuos supone un ahorro de costes. Incluso hemos identificado haciendo un vertido directo a empresas contratadas por un ayuntamiento para realizar obras municipales, teniendo el contrato con el ayuntamiento y con las cuantías especificadas para la gestión de esos residuos, es decir, se las cobran por un lado y se las ahorran por otro. Pero eso suele pasar también en el caso de algunos constructores de obras particulares.

¿Suele haber reincidencia en este tipo de acciones?

Alguna vez sí, sobre todo en el caso de profesionales.

¿Cuáles son las sanciones?

Los ayuntamientos sancionan en base a su ordenanza, si la tienen, o en base a la normativa autonómica de residuos. Cuando se trata de RSU denunciamos ante los ayuntamientos o, si son residuos más específicos o incluso peligrosos, lo hacemos ante la autoridad administrativa competente en residuos, que es Calidad Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente. Por otro lado, cuando entendemos que hay unos vertidos no autorizados en el monte que podrían tener encaje en terreno forestal con la Ley de Montes, podemos denunciar ante Montes de la Consellería de Medio Rural. Las sanciones dependen de la normativa. En este último caso hay unos hechos que agravan bastante las sanciones, por ejemplo si esos vertidos están en zonas catalogadas como de alto riesgo de incendios o si se cometen en época de alto riesgo de incendios, que normalmente va desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. En el caso de las sanciones a la Ley de Montes, las leves van de 100 a 1.000 euros; y las graves de 1.000 a 100.000. Si, en función de la contaminación que puedan generar esos residuos, su cantidad o el riesgo que pueda entrañar esa acción, se considera que se podría llegar a catalogar como una infracción muy grave, ahí estaríamos hablando de hasta un millón de euros, pero todos esos elementos los va valorar el instructor del expediente sancionador. En cuanto a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de Galicia , la última se aprobó en febrero de este año y aquí han cambiado las cuantías con respecto a la anterior normativa: hablamos de sanciones leves de hasta 900 euros o bien hasta 9.000 euros si son residuos peligrosos; y las sanciones graves van de 901 hasta 45.000 euros y, si son residuos peligrosos, de 9.001 a 300.000 euros. Para saber si un residuo es grave, peligroso o no, hay que irse a la normativa comunitaria, a la lista europea de residuos.

Entre todos hemos conseguido erradicar vertederos que había en Bora, en la N-541 y cerca del polígono de Racelo

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