Los responsables de la Federación Provincial de Hostelería de Pontevedra, Hostelería de Vigo, Asehospo y el CETS de Sanxenxo trasladaron este lunes a la subdelegada del Gobierno su rechazo a la Ley que obliga a triplicar los datos que deberán aportar a partir de ahora los clientes en el registro, para su posterior envío a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Los empresarios expresaron su preocupación por el requerimiento que entrará en vigor este miércoles, en el que se establecen "las nuevas y exigentes obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor".
Concretamente, a los establecimientos de hospedaje y alojamiento se les obliga a llevar un registro informático, que a día de hoy no está operativo y que el sector desconoce, en el que consten los datos de los clientes y sus vehículos, incluidos, en su caso, los datos de las personas menores de catorce años.
Estos menores pueden carecer de DNI, por lo que su información la facilita la persona que le acompaña. "El establecimiento no dispone de herramientas para la verificación de estos datos", alertan los afectados.
En la actualidad, bastaban nueve datos para formalizar el check-in: DNI, tipo de documento, fecha de expedición, nombre, apellidos, sexo, fecha de nacimiento, país de nacionalidad y fecha de entrada.
Con la nueva propuesta legislativas se pasa a 31 datos: nombre, primer apellido, segundo apellido, sexo, número de documento de identidad, número de soporte del documento, tipo de documento (DNI, pasaporte, TIE), nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual, dirección completa, localidad, país, teléfono fijo, teléfono móvil, correo electrónico, número de viajeros, relación de parentesco entre los viajeros (en el caso de que alguno sea menor de edad), fecha y hora de entrada, fecha y hora de salida.
Además, se exigen datos financieros como tipo de pago (efectivo, tarjeta de crédito, plataforma de pago, transferencia...), tipo de tarjeta y número, IBAN cuenta bancaria, solución de pago por móvil, titular del medio de pago, fecha de caducidad de la tarjeta y fecha del pago. Se incrementa también en el epígrafe de datos del contrato el número de referencia, fecha y firmas.
30.000 EUROS DE MULTA. Los datos del registro deberán conservarse durante tres años, pudiendo llegar las sanciones por incumplimiento de la norma a 30.000 euros, imputando a los establecimientos la responsabilidad de la exactitud de los datos que se hagan constar.
"Esta normativa sobrecarga la labor del personal de recepción incrementando de una forma inviable la labor administrativa. Estos requerimientos de registro, responsabilidades y régimen sancionador resultan inaceptables para las empresas turísticas", alerta el sector.
En la reunión solicitó a Maica Larriba que dé traslado de estas dificultades a la Secretaría de Estado de Turismo, al Ministerio y al Gobierno. El objetivo es concretar las medidas a poner en marcha y despejar las numerosas dudas que se abren.
