Los narcotraficantes gallegos siguen agudizando su ingenio para mantener su nivel de vida en tiempos de crisis. De un tiempo a esta parte, ya no solo se dedican a introducir grandes alijos de cocaína a través de las Rías Baixas, a transportar paquetes de droga a través de la Península o a recibir, almacenar y distribuir heroína en Galicia y en Portugal. Han puesto sus ojos en el Sur de España. En vista del excepcional movimiento de mercancías ilícitas que se produce en torno al cannabis cultivado en Marruecos a lo largo de la costa Andaluza, grupos criminales arraigados en la provincia de Pontevedra se han convertido en organizaciones logísticas al servicio de las mafias del hachís.
El último ejemplo, esta misma semana. La sección Greco Galicia de la Brigada Central de Estupefacientes detectó, persiguió e interceptó una narcolancha de unos 15 metros de eslora recién construida, con tecnología punta para la navegación a alta velocidad a través del Estrecho y cargada de bidones de combustible. Lo que se dice un producto llave en mano, preparado para su botadura lejos de los ojos de las autoridades.
Valorada en unos 200.000 euros una vez que alcanza Andalucía, fue incautada fruto de las citadas pesquisas iniciadas en la sexta planta de la Comisaría Provincial de Pontevedra.
Las pesquisas del Cuerpo Nacional de Policía partieron de las constantes vigilancias y seguimientos que, desde la capital del Lérez, se efectúan a los muy numerosos grupos criminales dedicados al narcotráfico en las Rías Baixas. A través de esas investigaciones, el Greco Galicia supo que la organización pontevedresa había acordado hacer una nueva entrega de una narcolancha preparada para el tráfico internacional de hachís, por lo que se pusieron en contacto con sus compañeros del Sur de España para abortar el delito.
EN UN CAMIÓN. Tirando del hilo, los policías supieron que la embarcación iba a ser trasladada en el interior de un camión de gran tonelaje con el objetivo de evitar ser descubierta en el recorrido entre las Rías Baixas y su destino, que no era otro que la provincia de Almería.
Una vez que consiguieron determinar de forma fehaciente los datos del vehículo que haría el transporte, establecieron un dispositivo que dio como resultado el hallazgo de la lancha y su incautación.
En este caso, y aunque la embarcación, con dos motores fueraborda de gran pontencia, estaba repleta de bidones de combustible, la Policía no puede atribuir a los investigados un delito contra la salud pública. Sin embargo, sí halla encaje jurídico en el marco legal vigente, que fue modificado en 2018, y que declara ilegal la fabricación y tenencia de lanchas que, como esta, superan con creces las medidas. En otras palabras. Solo se pueden usar para el narcotráfico. Por ello, sus dueños cometen un delito de contrabando penado con hasta cuatro años de cárcel. En cuanto a su fabricación, sigue siendo cosa en gran medida de gallegos, que emplean astilleros clandestinos para ensamblarlas y dejarlas listas para su venta.
