Las acciones de Ence subieron este martes un 1,13% y se cotizaron al final de la sesión a 3,40 euros. Si fuera cierto que los mercados adelantan el futuro de la compañía, cabría concluir que el litigio en la Audiencia Nacional puede acabar bien para sus intereses. Pero en este caso no es así. La compañía que preside Ignacio de Colmenares valía en Bolsa 1.344 millones de euros en los primeros meses de 2019. Este martes su capitalización bursátil no llegaba a los 838 millones. Una depreciación de 506 millones en dos años.
El punto de inflexión fue cuando el Gobierno, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, decidió allanarse en el pleito abierto con el Concello de Pontevedra, Greenpeace y la APDR, valiéndose de un informe de la misma Abogacía del Estado que cuatro años antes defendía la prórroga aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. En apenas un mes, el valor en bolsa de la fi rma pastera caía por encima de los 250 millones de euros. Y en los últimos 24 meses su capitalización ha perdido más de 500.
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Según la compañía, un traslado dentro de Galicia no costaría menos de 800 millones de euros, un precio al que habría que sumar también el coste del desmantelamiento de sus actuales instalaciones en Lourizán, no menos de 185 millones, de los que 16 serían necesarios para la cancelación de contratos, 15 se usarían para indemnizar a sus más de 400 empleados directos en Pontevedra; otros 43 serían imprescindibles para los trabajos de desmantelamiento y los más de 111 millones restantes se contabilizarían por la pérdida en su balance del activo de la biofábrica.
En caso de que la Justicia le obligue a cerrar, la compañía reclamaría al Gobierno una indemnización de 132 millones, equivalente a sus inversiones para eficiencia energética y mejora medioambiental en Galicia entre 2016 y 2019. Pero vivir en pleitos constantes deprecia a la compañía, como h a d e - mostrado esta crisis abierta y pendiente de la Audiencia Nacional.