Con la luz un 120% más cara que hace quince meses, el gasóleo de calefacción a más del doble del precio de 2020 y el coste del gas prácticamente cuadruplicado en comparación con el año pasado, muchas comunidades de vecinos se ven en serios apuros para hacer frente al pago de los suministros básicos.
Ante este panorama, el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas remitió hace días una carta al Gobierno central solicitando que se aplique a las comunidades de propietarios una tarifa eléctrica como la de los hogares, más económica que la que tienen en la actualidad, similar a los precios industriales. En esa misiva, dirigida al Ministerio para la Transición Ecológica, pidió también que estas comunidades puedan gozar de las mismas ventajas fiscales que se han aprobado para las viviendas.
De acuerdo con los últimos datos publicados por el IGE en base a la información de la Dirección General del Catastro, de los casi 41.000 inmuebles de uso residencial registrados en el concello de Pontevedra, 30.731 son de vivienda colectiva, es decir, el 75% son edificios de viviendas con sus respectivas comunidades de vecinos. La mayor parte disponen de ascensor y calefacción y en algunos casos también de gas centralizado e incluso de ascensor para vehículos en el garaje, unos equipamientos cuyos suministros se han disparado tanto que en algunos inmuebles resulta complicado cubrir esos gastos ordinarios con las cuotas mensuales que paga cada vivienda y que, en la capital del Lérez, se sitúan en una media de 70-80 euros, si bien el importe puede variar mucho en función de la cifra de hogares del inmueble y de cuáles son los gastos comunes (número de ascensores, calefacción centralizada o individual, gas centralizado o no, coberturas del seguro, etcétera). Algunas comunidades, de hecho, ya han tenido que tirar de ahorros para hacer frente a esos sobrecostes. Y no es para menos.
Según el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, hace dos años 15.000 litros de gasóleo de calefacción costaban 7.850 euros y este año el importe ha subido a 18.000 euros. De hecho, esa cifra ya se queda escasa, teniendo en cuenta que esta misma semana, el precio medio en la provincia de Pontevedra se situó en 1,45 euros/litro.
En el caso del gas, si una factura en enero de 2021 alcanzaba los 12.684 euros, en el mismo mes de este año y para el mismo consumo llegaba a 43.000.
Lo mismo sucede con la electricidad. Jaime Capeáns, de la firma pontevedresa de administración de fincas y comunidades CAP Gestión, pone un ejemplo: "En un recibo de finales de 2021, cuando el precio ya había empezado a subir, venían 0,06379 euros/ kilovatio, que en realidad se iban a 0,1219 para cubrir el consumo de la caldera. En el mismo edificio, en el recibo del 16 de marzo ya venían 0,18955 euros/kilovatio, que se fueron a 0,36, es decir, el triple que hace unos meses".
Y es que, tal y como apunta este profesional, "las dos partidas que más repercuten en las cuotas que se pagan de comunidad son el ascensor -que supone entre el 40 y el 60% del total de la cuota- y los suministros: electricidad, combustible, etcétera" y "a causa de la inflación, de la situación que vivimos a causa de la guerra en Ucrania y del contexto general, los precios de todo eso están disparadísimos".
Salvador Díez, presidente en funciones del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, apuntaba hace unos días que estos incrementos afectan "muy negativamente a las comunidades de propietarios" hasta el punto de que "se están viendo obligadas a establecer derramas extraordinarias o a reducir el tiempo de servicios como la calefacción central".
Más morosidad. A su juicio, si no se toman medidas, estos precios tan elevados provocarán un aumento de la morosidad. "Las personas con rentas bajas son las que peor lo van a pasar", precisó Jaime Capeáns, de CAP Gestión.
Dada la situación, en algunas CC.AA. ya se está moviendo ficha. Por ejemplo, el Grupo Parlamentario Vasco ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que las comunidades de vecinos con gas centralizado puedan acogerse a la tarifa de último recurso (TUR) en vez de estar en el mercado libre.
El Gobierno aprobó limitar a un 15% la subida del precio de esta materia prima en la revisión trimestral de la TUR de gas o tarifa regulada, pero las comunidades de vecinos no pueden beneficiarse, porque la legislación actual establece que sólo pueden conectarse a la TUR las personas consumidoras con redes de presión menor o igual a 4 bares y consumo inferior a 50.000 kilovatios hora al año.
Las comunidades de propietarios con calderas de gas centralizadas, al tener un consumo igual o superior al mencionado, sólo pueden contratar el suministro en el mercado libre y no en el regulado. Por ello, a las comunidades con calderas comunitarias de gas se les aplica la tarifa reservada a uso industrial, a pesar de que los destinatarios finales son los hogares particulares.
Ayudas para acometer obras que reduzcan el consumo
El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas indica que para mejorar la eficiencia energética de los hogares y abaratar las facturas será "fundamental" que las comunidades de propietarios soliciten los fondos Next Generation, con los que sufragar las obras de rehabilitación.
En esta misma línea, el Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos calcula que una vivienda media de Galicia podría ahorrar en torno a los 540 euros anuales en su factura de la luz si acomete una obra de eficiencia energética, regulada por el Programa 4 de estos fondos europeos de ayuda.
"Con una inversión en rehabilitación de eficiencia energética subvencionada hasta el 80%" se podría recortar la factura energética de un domicilio "entre un 30% y un 50%", indicó el presidente del Consello.
El Instituto Galego de Vivenda e Solo publicó hace unas semanas en el DOG la normativa que regulará el Programa 4 de fomento de la mejora de la eficiencia energética de viviendas, y que está dotado en Galicia con tres millones de euros en ayudas.
Así, "se está implantando, por ejemplo, la calefacción a demanda, es decir, instalar contadores en cada vivienda o incluso en cada radiador. Eso permite repartir los costes en función del consumo de cada hogar. Hay personas que no necesitan tener la calefacción encendida a diario de 18.00 a 22.00 horas en todas las estancias de la casa. Pueden ajustar su consumo y de este modo reducir el gasto. Con lecturas independientes de cada vivienda eso es posible. No tiene por qué pagar lo mismo quien tiene todos los radiadores encendidos cinco horas al día que quien los usa menos".
Por otra parte, Capeáns explica que las administraciones públicas también están impulsando la rehabilitación de los edificios con fines de ahorro energético, principalmente mediante el aislamiento integral de fachadas y cubiertas.
