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Las infracciones en el primer estado de alarma les costaron más de 620.000 euros a los pontevedreses

Militares y policías patrullando las calles desiertas el 25 de marzo de 2020. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
Militares y policías patrullando las calles desiertas el 25 de marzo de 2020. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
La Subdelegación todavía tiene pendientes de tramitar unos 5.500 expedientes

La aplicación de un estado de alarma histórico trajo consigo unas medidas absolutamente inéditas para la población, con unas restricciones que, sobre todo en las primeras semanas, se toparon con la rebeldía de un amplio número de ciudadanos. El desconocimiento de la gravedad real de la pandemia y las reticencias a renunciar a ciertos hábitos estaban detrás de la mayoría de los incumplimientos.

Ante este panorama, las autoridades se vieron obligadas a ejercer un férreo control del cumplimiento de las normas anticovid, a través de la Policía (Nacional, Autonómica y Local), la Guardia Civil e incluso el Ejército.

En aquella primera fase todavía no era obligatorio usar mascarilla, aunque sí recomendable, y el criterio quedó sujeto a la voluntad de cada uno. Tampoco se habían impuesto los cierres perimetrales, por lo que la infracción más común fue la de incumplir el toque de queda.

Desde el 15 de marzo (inicio del primer estado de alarma) hasta el 21 de junio (último día), la Subdelegación del Gobierno centralizó el capítulo sancionador y llegó a abrir 7.099 expedientes derivados de otras tantas denuncias.

Un millar de multas fueron tumbadas por los tribunales

La cuantía mínima era de 600 euros, aunque con el paso de los meses los agentes se encontraron con no pocos reincidentes, por lo que el importe de estas multas aumentaba gradualmente.

En este escenario, solo uno de cada cuatro infractores (exactamente, 1.784) se acogieron al descuento del 50% por pagar la multa dentro de los 15 días posteriores a la notificación, lo que supone un desembolso próximo a los 625.000 euros (baremando la cuantía mínima y los importes de los repetidores).

Otros, en cambio, apostaron por pelear en los tribunales unas sanciones que consideraban ilegales. Y en muchos casos acabaron teniendo razón: concretamente en 1.007. Unos expedientes que fueron sobreseídos por presentar algún tipo de irregularidad.

A mayores, se presentaron 1.200 alegaciones y otras 193 multas fueron recurridas, al entender los afectados que el atestado policial presentaba imprecisiones. Por este motivo, a día de hoy, la Subdelegación aún tiene pendiente de tramitar 5.500 expedientes, sumando los del primer estado de alarma y las denuncias recibidas durante el verano por incumplir las normas anticovid vigentes en ese periodo.

El escenario cambió radicalmente el 25 de octubre de 2020, cuando el Gobierno decretó un segundo estado de alarma que finalizará el próximo día 9. La autoridad sancionadora pasó a ser el alcalde de cada ayuntamiento y la Subdelegación sólo se quedó con los incumplimientos del toque de queda, que en este periodo solo han supuesto 80 denuncias.

Un total de 44 concellos de la provincia tiene delegada la labor sancionadora en la Xunta; los 18 restantes la gestionan ellos mismos

De este modo, aunque la sanción sea impuesta por un policía nacional o autonómico o un guardia civil, la denuncia acaba llegando al concello donde se produjo la infracción y son los servicios municipales los que se encargan de tramitarla. En el caso de Pontevedra, y solo de la Policía Local, hasta el pasado 25 de abril se contabilizaban 1.744 expedientes.

Sin embargo, los municipios con menor capacidad de gestión no pueden afrontar este enorme desafío administrativo por lo que la Xunta firmó con la Fegamp, a finales de noviembre, un convenio para asumir esa labor.

A nivel de Galicia, han decidido delegar sus competencias 181 municipios, de los que 44 pertenecen a la provincia de Pontevedra. Los 18 restantes gestionan las multas por su propia cuenta.

LA XUNTA TRAMITA 4.000 DENUNCIAS. Tras la firma del convenio con la Fegamp, la Xunta ha asumido las denuncias impuestas por infracciones anticovid en 44 concellos de Pontevedra. Hasta la fecha, se han tramitado 4.021 expedientes, la gran mayoría por no usar mascarilla, aunque también por reuniones no autorizadas y por fumar en espacios públicos.

Del total de sanciones, 154 ya han sido abonadas con el descuento por pronto pago, otras 700 se están en fase inicial y 700 están pendientes de firma por los concellos.

Tipo de infracciones y cuantía de las multas
Leves (de 100 a 3.000 euros)
No llevar mascarilla o su uso inadecuado. -Incumplir el aislamiento domiciliario por contacto estrecho de positivo.
► No acatar una orden general de confinamiento.
► Compartir bebidas alcohólicas en la vía pública.
► Vulnerar las directrices establecidas sobre distancia, aforos, horarios, actividad... con riesgo de contagio para un máximo de 15 personas.

Graves (de 3.001 a 60.000 euros)
► Un caso positivo que no acate el aislamiento domiciliario.
► El incumplimiento reiterado de la cuarentena por haber estado en contacto estrecho con un positivo por coronavirus.
►La desobediencia reiterada de una orden general de confinamiento
►No comunicar a las autoridades los casos sospechosos de covid-19.
►Dificultar o impedir la labor de inspección por acción u omisión.
► Negarse a proporcionar información a las autoridades dar datos falsos.
► Reincidir en la comisión de infracciones leves.
► Cualquier vulneración de las normas anticovid (distancia, aforos, horarios, actividad, higiene...) que suponga un riesgo de contagio para un número superior a 15 personas y hasta 150 personas.

Las infracciones en el primer estado de alarma les costaron más de...
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