"Ya era hora, pero necesitamos más". Es la reacción de los colectivos que luchan contra la pobreza a la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La estimación del Gobierno es que la renta que pretende combatir la pobreza llegará a unos 17.000 hogares en la provincia de Pontevedra, tal y como apuntan fuentes del Partido Socialista. La estimación se basa en el dato aportado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que cifra en 850.000 los hogares que cobrarán el IMV en junio.
Las solicitudes comenzarán a tramitarse el próximo lunes y colectivos sociales de la ciudad ya realizan simulaciones con sus usuarios, que podrán recibir entre 462 y 1.015 euros al mes en función de los niños a cargo en el hogar.
La prestación, que busca luchar contra la pobreza, llega después de una crisis económica con pocos precedentes provocada por una pandemia que irrumpió cuando todavía demasiadas familias notaban las secuelas del crac de 2008. Así, los datos de diciembre de 2018 hablaban de una tasa de riesgo de pobreza (personas que perciben menos de 700 euros al mes) en el área de Pontevedra del 17,54%, por encima de la media provincial (15,08) y la gallega (15,51).
Sin embargo, existe otro indicador fijado por Europa y muy nombrado en las últimas semanas, el Arope (siglas en inglés de At risk of poverty and/or exclusion"), que tiene en cuenta más criterios que el económico para determinar el riesgo de pobreza y exclusión de la población, como la carencia material o la precariedad y falta de empleo. Atendiendo a estos factores, el indicador Arope para el área de Pontevedra se sitúa en el 20%, lo que implica que una de cada cinco personas de la comarca está en riesgo de pobreza y exclusión. A nivel local, la Boa Vila es la tercera ciudad de Galicia con una mayor tasa Arope.
Es sorprendente que, a nivel general, estos indicadores no hayan bajado en exceso desde los años más crudos de la anterior crisis. Así, en el caso del área de Pontevedra, los datos de 2011 hablaban de un 21,85% de la población en estas circunstancias de precariedad, solo un punto por encima de la situación actual. Además, expertos y organizaciones sociales de lucha contra la pobreza advierten de que la radiografía social en diciembre de 2018 no tiene nada que ver con la situación actual tras la pandemia.
"A nadie se le escapa que la economía informal y precaria servía a muchas familias para salir de apuros, pero ahora todo eso ha desaparecido y las consecuencias se están notando", advierte el presidente del Banco de Alimentos en Pontevedra, José Luis Doval.
Otra de las dinámicas actuales determinada por la precariedad laboral es que tener un empleo ya no es sinónimo de salir de la pobreza. De este modo, casi la mitad de los habitantes de la provincia de Pontevedra (48%) aseguraban en 2018 tener dificultades para llegar a fin de mes. Por otra parte, 47.826 hogares de la provincia viven en situaciones de carencias materiales y 15.665 sufren carencia material severa.
PERFIL. Pero, ¿cómo son los hogares en riesgo de exclusión? El Instituto Galego de Estatística (IGE) recoge datos acerca del perfil de la pobreza a nivel autonómico. De este modo, esta se ceba en hogares monomarentales. El 48% de las familias en riesgo de exclusión está formada por un adulto (la mayoría mujeres) con uno o más menores a cargo. Además, el 33% de estas familias tienen que afrontar el gasto de alquilar una vivienda y cerca de un 20% tiene que hacer frente al pago de hipotecas.
El IMV deja fuera de sus coberturas a personas inmigrantes que lleven menos de un año residiendo en España de forma regular. En este sentido, el índice de pobreza está también ligado al origen de la población, ya que el 58% de la población en riesgo de pobreza en la Comunidad Autónoma de Galicia es extranjera.
Por otra parte, el índice Arope, tiene en cuenta la falta de empleo y las carencias materiales en los hogares para determinar también el riesgo de exclusión. Mejorar estos datos forma parte de la Estrategia Europa 2020, aprobada por el Consejo Europeo en 2010, que buscaba una economía con más empleo, productividad y cohesión social. El índice Arope para las ciudades gallegas ha variado en la última década.
Ferrol. Lidera el triste ranking del riesgo de pobreza en las ciudades con una tasa del 23,93%. El dato es peor que el de 2011 (22,13%).
A Coruña. Su índice Arope es del 21,3% y en 2011 era del 17,2%.
Pontevedra. Ocupa el tercer puesto con un 20,72% de riesgo de pobreza, frente al 21% de hace nueve años.
Ourense. Tiene una tasa Arope del 20,63, tres puntos más que en 2011.
Lugo. Un 19,76% de la población de la ciudad está en riesgo de exclusión. En 2011 era el 13%.
Vigo. Su tasa es del 17,74%, frente al 22% de 2011.
Santiago. Es la ciudad con mejores datos en Galicia, con un índice del 16%, un dato similar al que tenía en 2011, aunque en años posteriores aumentó.
"Comezaremos a tramitación para cinco usuarios o luns"
La puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital llega en un momento de especial vulnerabilidad para numerosas familias al borde de la exclusión social. Lo saben los colectivos que trabajan enfrentando la pobreza y por eso se felicitan de que la renta sea una realidad en cuestión de semanas. "Comezaremos a tramitación para cinco ou seis dos nosos usuarios o próximo luns. Polo de agora, temos feito varias simulacións e é certo que existen algunhas cuestións que hai que aclarar", cuenta Pepa Vázquez, de la asociación Boa Vida.
Una de las peticiones del colectivo es que, con el tiempo, se tienda a unificar las ayudas para facilitar el accceso a las mismas, de modo que la propia burocracia se convierte a veces en una barrera de acceso a las prestaciones. "Esperamos que en dous anos sexa máis doado para non ter duplicidades de funcionarios na xestión de axudas como a Risga, a RAI ou o IMV", aclara Vázquez, que indica que tambiés se hace necesario aclarar los criterios para otorgar esta ayuda a personas inmigrantes o cómo y cuándo pasarán a cobrarla quienes ahora mismo perciben una Risga. "Felicitámonos porque é un avance cara ao que nós perseguimos, unha renda básica e universal", indicaba este viernes Vázquez.
Por su parte, el presidente del Banco de Alimentos en Pontevedra, José Luis Doval, explicaba este viernes que la medida vendrá a paliar una situación de emergencia generada con la pandemia. "Si antes ya teníamos trabajadores precarios que necesitaban pedir ayuda porque no llegaban a fin de mes, ahora mucho más. El Banco de Alimentos suele entregar mensualmente unas toneladas de comida y en los dos últimos meses hemos estado un 20% por encima de lo habitual", contaba Doval. "Evidentemente, este ingreso es una extraordinaria noticia porque es la forma de que mucha gente pueda salir de una situación difícil", indica.
