La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra le dio la razón a un narco y se la retiró a un abogado. Esa es la conclusión que se extrae del dictamen emitido por el Tribunal tras el juicio contra el letrado vilagarciano Fernando Silla, denunciado por Guillermo Fernández Sánchez, O Coxo, hombre de mar vinculado con el tráfico de estupefacientes. El motivo, que el primero se apropió, según estiman los jueces, con 40.000 euros que en su día había aportado como fianza para salir de prisión y que fueron recogidos por el abogado, "que los incorporó a su patrimonio".
Tal circunstancia no fue controvertida en el plenario, pero Silla señaló que eran parte del pago que, según él, había pactado con su cliente. Su argumento no convenció en la Audiencia, que le condena a un año y dos meses de prisión, el mismo tiempo de inhabilitación para el ejercicio de su profesión y al pago de 40.000 euros a los herederos de la víctima, que, según trascendió en le juicio, es la madre de O Coxo, la que en su día aportó los fondos para el depósito.
La sentencia explica que en febrero de 2009 se acordó la puesta en libertad provisional del citado narco en el marco de un proceso contra él previo pago de los 40.000 euros que son objeto de análisis. En 2017, cuando la Audiencia Nacional dictó sentencia, el acusado recogió los 40.000 euros "y se quedó con la totalidad de la suma", detalla el juez.
El abogado dijo en la sala que su cliente y una tercera persona habían pactado con él la tarifa de 50.000 euros por su trabajo en dos procesos penales (incluido este), por lo que, defendió, los 40.000 eran parte del pago, según habría pactado con el denunciante. El narco negó tal acuerdo. "Esta versión no resulta acreditada", detalla la Sección Segunda.
La Audiencia estima, además, que existió "abuso de confianza" por parte del abogado con respecto a la víctima, madre del denunciante. Explica, además, que la apropiación indebida de los fondos "tiene relación directa con su profesión" de abogado, por lo que acuerda la pena de inhabilitación para la misma.
Contra la sentencia dictada en el Pazo de Xustiza de Pontevedra cabe recurso en fase de casación. El letrado tiene la opción de acudir a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza.
