Un quinto detenido, y la operación continúa abierta. A los cuatro arrestos efectuados por los especialistas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra por supuestamente desvalijar, desde dentro, la empresa Celso Míguez, se añade uno más: el ya exjefe de la firma en Vigo y O Porriño, Hipólito M.R. Siguiendo un modus operandi similar al atribuido a los investigados de A Coruña, según sostiene el Instituto Armado, extraía mercancía mediante la elaboración de presupuestos para venderla por su cuenta y de manera opaca a la contabilidad de su propia compañía. En su caso, presuntamente habría aprovechado su proximidad y relación laboral con personas del otro lado de la raia para enriquecerse a costa del patrimonio del gigante de las pinturas con matriz en Pontevedra.
La investigación que desembocó en este quinto investigado fue derivada a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Pontevedra, dado que, según las primeras hipótesis, Hipólito M.R. actuaba por su cuenta. Ello hará que, si finalmente se prueban los hechos que se le atribuyen, su reproche penal sea inferior al de las personas arrestadas en A Coruña, pues, en su caso, no habría cometido el fraude en el seno de un grupo criminal, tal y como, indiciariamente, sí habrían hecho sus excompañeros de empresa.
DENUNCIA INTERNA. Una de las diferencias más importantes entre el caso que afecta al exjefe de Vigo y O Porriño y el que se atribuye a los responsables del polígono industrial de Pocomaco es el modo en el que los investigadores de la Benemérita tuvieron constancia de sus actividades. Si en A Coruña fue necesaria una auditoría interna que desveló una inusual coincidencia en el stock de la delegación del Norte de Galicia que hizo sospechar a los agentes, en la zona Sur fueron los propios compañeros del ahora investigado quienes pusieron sobre la mesa las actividades supuestamente ilícitas del que era su superior, que presuntamente aprovechaba su cargo directivo para enriquecerse a costa de su propia empresa.
EMPRESAS DE PORTUGAL. Los investigadores se encontraron en Portugal con un apoyo importante que no fue tan sencillo de localizar en España: la colaboración de las empresas que recibían la mercancía y que presuntamente pagaban en mano al detenido. Las pesquisas, que están en manos del Grupo de Patrimonio de la citada Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia, contaron con el apoyo de las firmas lusas, que aportaron información clave para tratar de acreditar lo ocurrido.
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UNOS 100.000 EUROS. El importe aproximado del presunto desfalco que la Guardia Civil atribuye a Hipólito M.R. asciende a unos 100.000 euros, una cantidad que, sumada a lo supuestamente defraudado en A Coruña, sitúa la cifra global en más de dos millones de euros que reclamará la empresa, cuando, en su caso, se decrete la apertura del juicio oral.
LA INVESTIGACIÓN. En total, como se ha dicho, la Guardia Civil tomó declaración a cinco personas, aunque varias más están siendo investigadas, por lo que no descarta nuevos movimientos.
El Equipo Contra el Crimen Organizado de Galicia (ECO-Galicia) se encargó de la vertiente en la que entra en juego un presunto grupo criminal con matriz en el polígono industrial de Pocomaco, en A Coruña, lugar del que procedería la mayor parte del fraude. Bajo la presunta dirección de dos de los implicados y con la colaboración de otros dos, habrían tejido una red que les permitía extraer mercancía de la empresa sin elaborar los correspondientes albaranes (que dejarían un rastro en la contabilidad de la compañía). Para ello, aprovechaban que algunos de ellos ostentaban cargos de dirección en la delegación coruñesa para, con la sola firma de presupuestos, retirar el material para venderlo por su cuenta.
Los informes de la UCO desvelan que no solo hacían esto a través de clientes (que, en algunos casos, nada sabrían de los tejemanejes de los investigados), sino que también, en alguna ocasión, se llevaban mercancía de Celso Míguez para sus propios familiares sin pasar por caja.
El presunto fraude desvelado desde el miércoles en páginas de este periódico se puede traducir en una imputación por los delitos de hurto, estafa y falsedad documental para el exjefe de Vigo y O Porriño, a los que se añadirían los de pertenencia a grupo criminal, en el caso de los cuatro arrestados en A Coruña. En el caso de Alberto V. y Francisco E., también son investigados por revelación de secretos.
