La separación de poderes en España parece, en muchos casos, un ideal que no se ajusta demasiado a la realidad. Que la Audiencia Nacional, en este caso el Juzgado Central Número 3 que dirige María Tardón, ordene unos registros domiciliarios sin detener al investigado ya resulta extraño. Más raro aún es que esos registros, que afectaron a Gonzalo Boye Tusset, letrado, entre otros, de Carles Puigdemont y Quim Torra, se efectúen en plena eclosión independentista en Cataluña, pocos días después de conocerse la sentencia del procés. Y la guinda de un pastel que deja un muy mal sabor de boca es que el motivo que llevó a ejecutar los citados registros fue, en teoría, la investigación al citado abogado chileno por un presunto caso de blanqueo de capitales para otro de sus clientes más famosos, el narcotraficante Sito Miñanco. Nada más lejos de la realidad.
La Policía finalizó las pesquisas en relación con el lavado de dinero en julio, pero la jueza Tardón decidió guardar aquella información a la espera del momento propicio para hacerla aflorar
Las pesquisas de la Policía Nacional en relación con el lavado de dinero, unos 900.000 euros, fondos incautados en 2017 en una aprehensión que fue uno de los elementos iniciales de la operación Mito, concluyeron hace tres meses, en julio. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Brigada Central de Estupefacientes (BCE) obtuvieron todo lo necesario para hacer avanzar el proceso contra Boye tras la declaración judicial de un informante, también investigado en el seno de la organización liderada por el capo de Cambados y que explicó la participación del abogado en un presunto engaño tendente a retirar esos fondos, bloqueados por el Sepblac, a través de pagarés y empleando una serie de empresas que colocarían el dinero en Sudamérica.
Ese era el momento, y no otro, para proceder a la imputación de Gonzalo Boye. "Los tiempos los suele marcar la Policía, pero en este caso eso no ocurrió así", explica un jurista de reconocido prestigio a este periódico. La jueza Tardón decidió guardar aquella información en un cajón a la espera del momento propicio para hacerla aflorar, pero no solo eso. La semana pasada, después de ordenar a la Policía Nacional los registros en el domicilio y en el despacho de Boye Tusset (unas intervenciones en las que estuvieron presentes miembros del Greco Galicia con base en Pontevedra y efectivos de la Udef), la magistrada, en una maniobra nunca vista en un caso de estas características, decidió quedarse con toda la documentación extraída de ambas localizaciones. La Policía, pues, nada pudo obtener, al menos por el momento, para incorporar a los datos que ya tenía acerca de la vinculación entre letrado y narcotraficante en el blanqueo de capitales.
Un experto señala que la jueza que toma la determinación de privar a la Policía de los documentos sobre su investigación tiene la potestad de revisar lo que crea conveniente, pero "tiene que justificarlo mucho"
La conclusión es clara: los hallazgos obtenidos en los citados registros tienen al menos un segundo destino y que, además, la magistrada antepuso a la continuidad de las pesquisas por blanqueo de capitales: el rastreo completo de los archivos del abogado de Puigdemont y de Torra en un momento decisivo de la cuestión catalana.
Otro experto en la materia señala que la jueza que toma la determinación de privar a la Policía de los documentos sobre su investigación tiene la potestad de revisar lo que crea conveniente, pero "tiene que justificarlo mucho", a lo que añade que "otros servicios del Estado (en alusión al CNI) pueden usarla".
La jueza Tardón, si, como parece, lo que busca es información relacionada con los clientes políticos de Gonzalo Boye, puede hacérsela llegar a la Inteligencia del Estado. Además, si advirtiese hechos ilícitos al margen de la investigación por blanqueo (la que, en teoría, pretendía hacer avanzar con los registros), podría utilizarlos para abrir un nuevo procedimiento amparándose en la teoría de los hallazgos casuales.
Diario de Pontevedra contactó, sin obtener respuesta, con la Audiencia Nacional, en busca de una explicación a todos estos movimientos para los que, aunque sean 'lo nunca visto' para la mayoría de expertos, está habilitada desde el punto de vista jurídico
El resumen es muy claro. La jueza, consciente de que Boye trabaja para Puigdemont y Torra, metió en el cajón unos datos que ya tenía cerrados en el mes de julio, a la espera del momento adecuado. Cuando lo creyó conveniente, ordenó unos registros sin proceder al arresto del investigado (algo del todo inusual), no adoptó medidas cautelares contra él (en contra del criterio de la Fiscalía Antidroga) y decidió privar de los hallazgos a quienes los recopilaron, los policías de la UDEF y la BCE, que saben mucho acerca de las actividades de Sito Miñanco pero bien poco sobre las de los otros clientes famosos del abogado chileno.
Este periódico contactó durante la jornada de este lunes, sin obtener respuesta, con la Audiencia Nacional, en busca de una explicación a todos estos movimientos para los que, dicho sea de paso, y aunque sean lo nunca visto para la mayoría de expertos en la materia, está habilitada desde el punto de vista jurídico.
PERFIL. Gonzalo Boye, que tiene doble nacionalidad chilena y alemana (nació en Viña del Mar pero residió durante años en Heidelberg), tiene un pasado de lo más turbio. En 1992 fue detenido por la Policía Nacional acusado de participar en el secuestro de Emiliano Revilla. Lo hizo, según la posterior sentencia, en el seno del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que colaboró en los preparativos del citado secuestro del industrial atribuido a ETA. Labores de información y recepción de importantes cantidades de dinero de manso de la banda a cambio de las mismas acabaron por incriminarle: 14 años de cárcel y a Carabanchel, donde estudió la carrera de derecho por la UNED.
Una vez fuera comenzó su carrera como abogado, ligado a causas relacionadas con la izquierda, en principio, llegando a querellarse contra un ex ministro israelí por un bombardeo en Gaza y participando en el equipo jurídico de Edward Snowden. Poco a poco fue ganando fama y pasó a defender a los narcos gallegos más famosos, como el ya citado Sito Miñanco o Marcial Dorado Baúlde. Sus artimañas son a la vez temidas y conocidas por las autoridades: presuntamente falseó una traducción del juez Llarena, Vox se querelló contra él por falsedad y estafa procesal, y en la sala segunda de la Audiencia de Pontevedra se lo pensaron mucho al ver unos papeles que se trajo de Bélgica que en teoría justificaban que Sito Miñanco vivía en aquel país en el tiempo en el que dominaba de cabo a rabo las Rías Baixas, presidencia del Cambados incluida.
