Ence avisa de que si cierra en Pontevedra reabriría "pero fuera de España"

El consejero delegado señala que la inseguridad jurídica hace "imposible" un traslado en Galicia y dice que "hay países con madera y mano de obra más baratas" ▶La pastera usará la inversión prevista en Pontevedra para ampliar la producción de su planta de Navia, en Asturias

Junta general de Ence. DP
photo_camera Junta general de Ence. DP

O en Galicia, o fuera de España. La cúpula de Ence fue este jueves clara ante sus accionistas: no hay posibilidad de trasladar la planta de Lourizán dentro de la comunidad autónoma, ni siquiera dentro del país. Además, anunció que los 300 millones del plan estratégico previstos para Pontevedra serán desviados a Asturias para ampliar la capacidad productiva de Navia. Pero Navia no reemplazará a Pontevedra. Si la pastera abandona la ría, lo hará para irse a otro país con menores costes. Abrir otro complejo similar al de Pontevedra costaría entre 800 y 1.000 millones de euros. El consejero delegado, Ignacio Colmenares, anunció que si una vez agotada la vía judicial la compañía tiene que cerrar su biofábrica de Pontevedra, no seguirá invirtiendo en celulosa en España ante la "falta de seguridad jurídica" que se ha producido tras allanarse el Estado en los recursos presentados por el Concello de Pontevedra, la APDR y Greenpeace contra la prórroga concedida a la pastera en Lourizán.

El CEO de la firma, que respondía así a la pregunta de un accionista, reiteró posteriormente ante los periodistas que el traslado que piden el Concello, el BNG y el PSOE es "inviable económicamente". "Las fábricas no se trasladan", dijo antes de apuntar que, de verse obligados a cerrar en Pontevedra, invertirán "con criterios económicos". Y recordó que tanto la materia prima como los costes laborales "son más baratos en otros países".

Ence también acordó en su junta general del jueves autorizar al consejero delegado y al secretario del consejo para que se defienda "hasta las últimas instancias" el interés de la sociedad, de sus accionistas, trabajadores y proveedores, incluyendo la exigencia de responsabilidad patrimonial al Estado por los daños y perjuicios causados y las responsabilidades personales que procedan.

Desde que se conoció el allanamiento de la Abogacía del Estado, el valor de Ence en Bolsa cayó un 30%. El consejero delegado de la compañía afirmó que ésta seguirá defendiendo sus derechos. "Haremos ver que la biofábrica de Pontevedra es un activo de Ence y también de toda Galicia, son recursos e ingresos imprescindibles para el futuro de más de 5.000 familias", apostilló.

Al referirse al allanamiento del Estado, Colmenares se mostró muy crítico con el cambio de criterio porque, según dijo, "deben ser los tribunales y no el poder ejecutivo el que declare que un reglamento es nulo". Y adelantó que en las alegaciones presentadas por la compañía ante la Audiencia Nacional se hace constar que no hay otra ubicación posible para la biofábrica, ya que el actual emplazamiento reúne todas las condiciones: la proximidad al puerto, teniendo en cuenta que el 95% de la producción se exporta; el consumo del agua; una adecuada red de carreteras para soportar los camiones que entran a diario en la factoría de Lourizán y una red de alta tensión, imprescindible al tratarse de un generador eléctrico. Colmenares calificó como "una irresponsabilidad tremenda" la decisión del Estado.

A la junta de accionistas asistieron como invitados los presidentes de los comités de Ence, Ignacio Acuña y Ana Cedeira, a los que acompañaban representantes de CC OO y UGT.

Hasta que la Audiencia Nacional falle los recursos, Ence congelará las inversiones previstas en su plan estratégico 2019-2023 en Pontevedra, aunque mantendrá los 50 millones ya comprometidos para este año y desviará a Navia otros 550 millones con el fin de duplicar su producción de 100.000 a 200.000 toneladas de celulosa.

El consejero delegado de la pastera puso de manifiesto ante la junta de accionistas que frente a la fábrica de Pontevedra se marisquera y que cinco de las playas más cercanas cuentan con la bandera azul de la UE. Añadió que "la actividad industrial de Ence se rige por los más altos estándares de responsabilidad medioambiental" y que los parámetros de la biofábrica "mejoran ampliamente las más exigentes normas y autorizaciones ambientales europeas y españolas".

Ignacio Colmenares también puso en valor las actividades que se han puesto en marcha gracias al plan social de la compañía. "En los dos años de vida del Plan, hemos apoyado con seis millones de euros un total de 522 proyectos, lo que supone, sin lugar a dudas, una importante aportación a la calidad de vida de nuestro entorno social".

La junta de accionistas aprobó las cuentas de 2018, ejercicio en el que la firma Energía y Celulosas aumentó su beneficio un 40,6%, hasta los 131,7 millones de euros.

Colmenares: "¿Quién invierte 300 millones de euros en Galicia?"
El consejero delegado de Ence, Ignacio Colmenares, se preguntó, durante el encuentro que mantuvo con periodistas pontevedreses, qué empresa tiene previsto invertir este año en Galicia 300 millones de euros. Además, reflexionó sobre la "disposición" de Ence para aportar 15 millones para la EDAR, cinco más para recuperar el Pazo de Lourizán y otros cinco para el desarrollo y la creación de más empleo en el sector forestal. Colmenares resaltó los tres millones que, durante 60 años, tiene previsto recibir el plan social y pidió que todos mediten sobre las "consecuencias reales" de una posible marcha de la empresa de Galicia. Tras confirmar lo que la compañía ya le adelantó extraoficialmente a la Xunta, que no retiraría su apoyo al proyecto de ampliación de la depuradora de Os Praceres, el CEO de Ence, que se ha dejado un tercio de su valor en Bolsa desde que el Gobierno retiró su defensa de la prórroga en Pontevedra, significó que "somos una compañía seria y lo que ya está comprometido para este año lo vamos a mantener".

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