Después de que saliese a la luz que el Concello de Pontevedra había contratado a un detective privado para investigar a un bombero y certificar así su baja médica, la Xunta de Persoal denunció este jueves que la administración local investigó a más trabajadores municipales. En total, a 17, de los cuales 11 son policías locales.
Solo en uno de estos casos se hizo a través de una empresa privada, ya que en los 17 restantes se utilizaron "medios propios". "Suponemos que son policías locales los que investigaron, aunque desconocemos el procedimiento seguido", señaló Héctor Santaló, el presidente de la Xunta de Persoal.
Los representantes sindicales han criticado este hecho porque, tal y como ellos apuntaron, la tramitación de los expedientes disciplinarios no corresponde al Concello, sino al Instituto Nacional de Salud.
Tras conocer esta información e insistir en que el grupo de gobierno está llevando a cabo una "persecución" a ciertos trabajadores, la Xunta de Persoal no descarta la posibilidad de denunciar esta situación ante el Defensor del Pueblo.
Además, también anunciaron que pedirán "más datos sobre todos los expedientes disciplinares que se han hecho".
Los portavoces de esta entidad aprovecharon la rueda de prensa para volver a expresar su preocupación ante el "desmantelamiento" que se está viviendo en la Unidad Asistencial de Drogodependencias (UAD). Los trabajadores insisten en que si la dotación económica que proporciona la Xunta no es suficiente, "o alcalde debe pelear por incrementala", pero, "non é de recibo" que no se cubran las bajas del personal que se jubila.
