Entre marzo y abril de 2019, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil arrestaba a cuatro extrabajadores de la firma pontevedresa Celso Míguez por, supuestamente, desvalijar la empresa desde dentro. Días después, una quinta persona, el entonces jefe en Vigo y O Porriño, corría la misma suerte, esta vez acusado de extraer mercancía mediante la elaboración de presupuestos para luego venderla por su cuenta y ocultar las operaciones en la contabilidad de la propia compañía.
Dos años después, todas las causas están sobreseídas en los juzgados. Fiscales y jueces no consideraron debidamente acreditadas ni las acusaciones ni la autoría de los supuestos hechos delictivos.
La empresa, dedicada a la comercialización de pinturas, está inmersa en un concurso de acreedores aunque, por el camino, vivió duras protestas sindicales por los sucesivos anuncios de presentación de ese concurso y de despidos que afectarían a más de la mitad de la plantilla. En la compañía llegaron a trabajar cerca de un centenar de personas repartidas entre los 16 centros de trabajo que mantuvo abiertos entre almacenes y tiendas.
Uno de los autos de sobreseimiento más significativos es el dictado a favor de Hipólito M.R., entonces jefe en las tiendas de Vigo y O Porriño, al que acusaron de haberse quedado con mercancía de la empresa y de no ingresar cantidades facturadas en nombre de la compañía.
En su escrito, el fiscal es contundente con sus conclusiones. Alude a la "dudosa validez de gran parte de las diligencias de investigación practicadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Porriño" y señala que, "con el material obrante, no cabe sino interesar el sobreseimiento provisional de las actuaciones por entender que no ha quedado debidamente justificada la perpetración del delito".
La acusación pública también refiere que no se aportó ningún documento acreditativo de stock de la empresa "del que se pueda comprobar que efectivamente falta material", ni tampoco documento alguno de la contabilidad interna que refleje "esas cantidades dejadas de ingresar". Califica también de "dudosa" la autoría de los presupuestos y traspaso entre tiendas y señala como ejemplo cómo el acusado acreditó estar de viaje en la fecha en la que se atribuían alguno de ellos.
Por otro lado, las propias empresas mercantiles que figuraban en los presupuestos dudosos negaron la realidad de las compras a través de los mismos,
Todo ello lleva al fiscal a hablar de "tamañas carencias, insubsanables por haber transcurrido el plazo de instrucción", que suma a la "mala relación" del investigado con alguno de los empleados denunciantes, para concluir que solo cabe instar el sobreseimiento de la causa.
Durante la declaración, el acusado, Hipólito M.R. apuntó que el motivo que él atribuye a la denuncia es tanto a él como a otras personas, hace cuatro años, se les ofreció una rebaja de sueldo que no aceptaron. "Desde ese momento –señaló–, es cuando me empezaron a mover entre diferentes puestos de trabajo con la finalidad de conseguir que me aburriese y abandonase voluntariamente la empresa".
Ante el juez se acreditó también que la empresa ya había interpuesto más denuncias contra otros trabajadores, entre ellos alguno de la tienda de A Coruña y otro de la zona de Vigo, si bien con este último llegaron finalmente a un acuerdo para la finalización de su contrato.
El auto firmado por el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Porriño señala que de todo lo actuado, "no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones (...) a la vista del informe emitido por el Ministerio Fiscal, cuyos argumentos se acogen en su integridad y se dan por reproducidos a fin de evitar reiteraciones innecesarias".
Denuncias sorpresivas
