El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, el mismo que admitió a trámite la demanda presentada por la Fiscalía contra Audasa, ha abierto al fin el plazo para que los clientes de la autopista dispuestos a exigir indemnizaciones por las molestias en las obras de Rande puedan hacerlo adheridos a la solicitud del Ministerio Público.
Quienes deseen sumarse a la acción del fiscal deberán hacerlo antes del próximo 8 de abril. Para los usuarios habituales de la autopista, ganar esta demanda podría suponer el derecho a que la concesionaria les reembolse entre mil y cuatro mil euros. Para ello será preciso acreditar el pago de los peajes correspondientes al tiempo de obra en el voladizo de Rande, entre los años 2015 y 2018.
La sociedad concesionaria de la AP-9, integrada en el grupo Itínere, fue demandada por un supuesto cobro "abusivo" de peajes en todo ese tiempo. De acuerdo con la denuncia, Audasa habría cometido irregularidades durante las obras de ampliación del puente más largo de la autopista, en la ría de Vigo. Estos trabajos provocaron graves "retenciones" y "retrasos" en la circulación. La Fiscalía reclama ahora la restitución de las cantidades cobradas durante esos años, así como la indemnización de daños y perjuicios. Lo hace mediante el ejercicio de una acción colectiva de cesación, en defensa de los consumidores y usuarios.
A raíz de los trabajos en la autopista y las molestias ocasionadas con las obras, la imagen de la concesionaria sufrió un importante deterioro público. Las posteriores subidas de los peajes (la última de ellas el pasado enero), provocaron una fuga de clientes entre Pontevedra y Vigo que han terminado saturando las únicas alternativas a la vía de pago: la N-554 por Vilaboa y la N-550 por Redondela.
Este trasvase de vehículos (muchos de ellos pesados) está provocando las quejas de los vecinos de estas vías, poco preparadas para esa cantidad de tráfico, y también está siendo objeto de estudio por parte de la Jefatura de Tráfico.
Esta misma semana se conoció que el número de coches que usan las alternativas a la AP-9 entre las dos principales ciudades de la provincia de Pontevedra superan ya a los usuarios de la propia autopista.
En su denuncia contra Audasa, el Ministerio Fiscal señala que "la entidad concesionaria de la autopista mantuvo invariable el cobro de las tarifas de peaje" durante todas las obras, "exigiendo a los conductores el mismo precio que si la vía estuviese en perfectas condiciones" e, "incluso, aplicando las subidas de las tarifas".
En su auto de admisión a trámite, el Juzgado de lo Mercantil ya acordó realizar un llamamiento a los clientes de Audasa para que se personen en el proceso como perjudicados por el servicio que da origen a la demanda. La intención es que "hagan valer su derecho o interés individual". El plazo para hacer efectivos estos personamientos arrancó hace unos días y finalizará en la segunda semana de abril. Hasta entonces, quienes deseen sumarse a la iniciativa deberán presentar la documentación oportuna en el Juzgado número 1 de lo Mercantil.
