Los tribunales obligan al Concello a actualizar los turnos de trabajo de la Policía Local. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Pontevedra da la razón al sindicato Comisiones Obreras, que había denunciado "vulneración de derechos laborales" en el cuerpo.
La sentencia, que este lunes dio a conocer la portavoz del Gobierno local, Anabel Gulías, cuestiona el cuadrante y el exceso de horas extraordinarias en el cuerpo. Según datos del sindicato, los agentes realizaron 5.267 horas a mayores de su jornada ordinaria en 2017 y otras 5.202 en 2018.
En su resolución, el juzgado recuerda que "el hecho de que exista un cuadrante fijado desde los años ochenta (...) no significa que el mismo sea inamovible". "Precisamente, ante el tiempo que lleva establecido, cabe valorar que se pueda haber quedado obsoleto o no adecuado a las circunstancias actuales", recoge el auto judicial, que insiste en que "esa inamovilidad del cuadrante durante décadas refuerza incluso la consideración de que el mismo pueda ser demasiado aséptico o alejado de las necesidades reales, no dando respuesta a lo que realmente debe atender un cuadrante de servicios".
El fallo condena a la Administración local a negociar con los delegados sindicales unos turnos de trabajo que tengan en cuenta cuestiones como los eventos especiales que se realizan todos los años. Un ejemplo de ellos son la Cabalgata de Reis, Semana Santa, la noche de San Juan o las fiestas de verano, que obligan a reforzar el servicio con más efectivos.
La negociación de los cuadrantes deberá garantizar el descanso de la plantilla, un derecho que Comisiones Obreras reclamó después de que se hubieran denegado en los primeros once meses de 2018 un total de 490 días de asuntos propios a funcionarios del cuerpo.
El juzgado también insta al Concello a evitar el "uso excesivo y habitual de las horas extraordinarias" y "la privación de permisos y libranzas previstos", así como a respetar "los períodos de descanso diarios sin solaparlos con los correspondientes a descansos semanales, permisos o vacaciones".
La sentencia, que condena a Pontevedra al pago de las costas, no es firme. A pesar de que cabría recurso de apelación, lo cierto es que el Concello no mantendrá abierto este litigio. Así lo confirmó la portavoz municipal, Anabel Gulías, que explicó que el objetivo es "solucionar o problema".
Por este motivo se ha dado instrucción a la Concellería de Protección Cidadá, que dirige Eva Villaverde, y al nuevo director xeral de Recursos Humanos, José Manuel González Abal, de iniciar la correspondiente negociación con un cuerpo que arrastra distintos conflictos laborales y salariales desde el pasado mandato.
Los nuevos cuadrantes tendrán en cuenta los cambios que ha sufrido el servicio y la jornada ordinaria.
Dos policías y un informático
El DOG también formalizó este lunes la incorporación de dos policías locales y el nombramiento de un ingeniero informático.
