El juzgado de lo social número 4 de Pontevedra ha determinado que la relación que tenían 38 becarios del plan de prácticas de la Deputación de Pontevedra era de naturaleza laboral, por lo que deben ser considerados como trabajadores del organismo provincial.
La justicia estima así la demanda interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social de Pontevedra tras un informe de Inspección de Trabajo del año 2018 contra el ente provincial y declara probada la relación laboral.
A pesar de que la titular de este juzgado pontevedrés reconoce que "no es fácil" analizar el asunto de forma conjunta por la "heterogeneidad" de los casos, ya que se trata de becarios de al menos desde el año 2016, el fallo concluye que a pesar de existir cuatro tipos de becas "bien diversas", se trataba de relaciones laborales "encubiertas".
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, la jueza esgrime que estos becarios, entre otras cuestiones, cumplían un horario, guardaban una disciplina laboral, fichaban al entrar y salir de trabajar, no recibían formación y, en algunos casos, trabajaban solos y con autonomía o tenían móviles de empresa.
"El hecho de que a través de estas becas una persona mejore una situación de desempleo en la que puede encontrarse o que adquiera experiencia laboral no es suficiente para mantener la presencia de una beca puesto que la finalidad perseguida no es la formación", añade.
El hecho de emplear a becarios en sustitución de hipotéticos trabajadores, según la magistrada, supone la adquisición de los "frutos" de tales servicios por parte de la propia Deputación "y, haya o no ánimo de lucro, de hecho se está lucrando".
Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
A raíz de esta sentencia, el sindicato Comisiones Obreras celebra que la justicia haya puesto fin al "fraude" cometido con los becarios, una práctica que a su juicio "institucionaliza" la precariedad laboral en el organismo provincial.
Desde CC OO recuerdan que advirtieron de esta "situación irregular" antes de que la Inspección de Trabajo denunciara el caso, denunciando que estos becarios hacían el mismo trabajo que el personal laboral "pero sin ningún derecho".
La sentencia, según el sindicato, es una "bofetada en la cara" al gobierno provincial que, añaden, podría haber sido mayor, ya que cifran en unas 200 personas las afectadas por estas contrataciones "pero muchos no denunciaron por miedo a represalias en futuros contratos".
CC OO responsabiliza de este "monumento a la precariedad" al diputado responsable de Personal, Carlos López Font, y pide que dimita o sea cesado.
