HABLAN JUNTAS para reafi rmar la unión que tiene todo el colectivo en este pulso con el Gobierno. Más allá de porcentajes de seguimiento, garantizan que la indignación es compartida por todos los letrados de la Administración de Justicia ante lo que consideran "reiterados incumplimientos del Gobierno", por lo que la paciencia ha llegado a un punto de no retorno.
Adriana Álvarez Gorgojo lleva 21 años en la carrera judicial, los últimos 15 en el Juzgado de Primera Instancia 1 de Pontevedra. Belén García Diéguez cumplirá este año 12 de ejercicio, tras llegar en 2021 al Juzgado de Instancia 2 de la ciudad. Ambas repasan el oscuro panorama que se vislumbra en el horizonte judicial pontevedrés, con un serio riesgo de colapso que ya da sus primeros síntomas y con más de tres millones de euros bloqueados en el banco, a la espera de que poder ser abonados.
El 24 de enero, hace hoy 47 días, los letrados de Administración de Justicia de toda España iniciaron una huelga. ¿Por qué?
A.Á. Todo comenzó en 2009, cuando se nos atribuyeron una serie de competencias con la intención de descargar de trabajo a los jueces y magistrados. Pero esas responsabilidades a mayores no trajeron consigo ninguna compensación económica, porque en ese momento había una grave crisis económica a nivel nacional y se nos prometió que se nos compensaría en el futuro. A mayores, sufrimos —como todos los funcionarios de la Administración de Justicia— un recorte del 10% en nuestros salarios, con lo que de golpe nos vimos con un doble varapalo económico.
Reconocen que las posturas están muy enquistadas, por lo que no ven luz al final del túnel
Decidimos aguantar así una serie de años, siendo conscientes de que no era el momento idóneo para las reclamaciones, pero en 2015 nos volvieron a ampliar las competencias y las responsabilidades con la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Y tampoco hubo compensación.
Así se mantuvo todo hasta que el descontento fue a más, se tensó la situación y el pasado año iniciamos paros parciales. En abril, el Gobierno se sentó con nosotros y asumió una serie de compromisos que ahora, casi un año después, vemos que siguen sin respetarse. Es más, hasta esta misma semana ni siquiera los había reconocido y ahora dice que no se pudieron llevar a término por un desajuste con Hacienda.
Y estalla la burbuja…
Es que la base del Derecho radica en que los compromisos tienen que cumplirse y no entendemos por qué en este caso no es posible. Es más, los ministerios de Justicia y de Hacienda pertenecen al mismo Gobierno, por lo que si uno necesitaba del beneplácito del otro para ofrecer un pacto, debían haberlo consensuado antes.
"No es una cuestión de dinero, como se ha dicho. Es una cuestión de dignidad, de reconocimiento de nuestras funciones"
Se han realizado críticas de que esto se reducía a un mero conflicto económico…
B.G. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de dignidad, que se nos respete y de reconocimiento de nuestras funciones.
¿En qué medida esas mayores atribuciones han alterado sus rutinas diarias?
A.Á. Totalmente y en forma de muchas más horas de trabajo. En el caso de civil, que es la jurisdicción que más carga de trabajo soporta hoy en día, cada vez que se presenta una demanda nos corresponde revisarla, comprobar si es correcta procesalmente, minutarla (repartirla al funcionario que corresponda y explicarle los pasos a seguir), y nos encargamos de todas las actuaciones hasta que se celebre la vista y se dicte sentencia, que son muchas. También somos responsables de poner fecha a los juicios, emplazar a las partes y tras la sentencia, comprobar los posibles recursos, tramitarlos, tasar las costas (valorar los honorarios de abogados y procuradores), resolver las impugnaciones que pudieran existir… Y si no se acata la sentencia, ir a la fase de ejecución, con todo lo que eso supone: embargos, subastas, declaración de bienes, entrega de dinero, etc.
Podría decirse, entonces, que ustedes son los grandes motores del Juzgado…
A.Á. Nuestra función es la dirección de todo el procedimiento, porque somos licenciados en Derecho y tenemos una preparación muy similar a la de los magistrados. Y por eso el legislador quiso aprovechar en su momento esos conocimientos.
En España hay 4.439 letrados de Administración de Justicia. ¿Cuántos de ellos son de Pontevedra?
A.Á. En la provincia somos 96 y en el partido judicial de Pontevedra, 28.
¿Qué pasó para que se vuelva a abrir la brecha cerrada en abril?
B.G. Que el Ministerio de Justicia rompió el acuerdo. Así de claro. Nosotros confi amos en el acuerdo que nos ofrecieron y por eso levantamos la protesta. Pero esperamos y esperamos, y vimos que pasaba el tiempo, se aprobaron los Presupuestos Generales y seguía sin tenernos en cuenta. Ahí fue cuando tuvimos que retomar las movilizaciones.
A.Á. También influye que somos muy minoritarios dentro del conjunto de funcionarios de Justicia, por eso para nosotros es fundamental la negociación colectiva propia. Los sindicatos generalistas son los que negocian nuestras condiciones, pero nosotros no tenemos representantes, al ser tan pocos. Nos sentimos totalmente desamparados, sin representación dentro del colectivo en el que estamos integrados.
Se puso sobre la mesa que la reclamación era de 1.100 euros brutos para cada letrado. ¿Es correcto?
B.G. Eso no es cierto, porque la cifra real del incremento ni siquiera la sabemos, porque es un tema de porcentajes. La propuesta del Comité de Huelga es reducir los actuales cinco grupos de población para que todos los letrados saliésemos benefi ciados. Pero nunca llegaría a ser 1.100 euros.
El Gobierno también reclama una reducción de la cláusula de engancha. ¿En qué consiste?
A.Á. Tienes que hacer una comparativa con alguien y nosotros nos fi jamos en quienes están más cerca de nosotros en cuanto a responsabilidades, que son los magistrados. El término enganche lo sacó el Gobierno.
¿Creen que ha habido cierta campaña de desinformación para desvirtuar sus demandas?
A.Á. Desde el primer momento la guerra ha sido sucia. El Gobierno se ha dedicado a difundir medias verdades. Pero nunca contó con que esta huelga fuera a tener el seguimiento que tiene.
"El seguimiento de la huelga en Pontevedra es de un 63% y se han anulado más de 1.250 juicios desde el inicio del conflicto"
Otro de los apartados donde varían sustancialmente las cifras. Los convocantes hablan de un 73%, pero el Gobierno lo rebaja a un 20,7%. ¿Quién miente?
B.G. Solo podemos hablar del seguimiento de Pontevedra, que es el que conocemos. Y en toda la provincia el seguimiento es de un 63%, un dato real, porque somos bastantes más los que secundamos la huelga que los que no.
¿Cuáles son las actuaciones que se tramitan al margen de la huelga?
A.Á. La actividad de los juzgados que estamos de huelga se ha paralizado en un 100%. Solo se le ha dado prioridad a los servicios mínimos, que son las medidas cautelares (causas con preso, violencia de género, órdenes de protección, detenciones y medidas con menores e incapaces), algunas pensiones de alimentos y las bodas.
¿Cuántos juicios se han paralizado en Pontevedra por el conflicto?
A.A. En civil fueron 300; en penal, unas 240; en los contenciosos, 184; en los sociales (que son los que más actividad tienen), 427; en los mercantiles, 108. Hablamos de más de 1.250 vistas.
"Solo en Pontevedra hay más de tres millones de euros parados que deberían ir para pagos y devoluciones"
Gran parte de los ciudadanos ven de refilón este conflicto porque consideran que no les afecta directamente. ¿Es así?
A.A. En el ámbito mercantil esta situación tiene una gran relevancia, porque están paralizados más de 110 concursos de acreedores, muchos de ellos referidos a la Ley de Segunda Oportunidad, es decir, personas que quieren reestructurar sus deudas. Pues bien, todo eso está bloqueado, al igual que demandas de desahucio, pago de indemnizaciones, divorcios, medidas en el ámbito familiar, querellas vecinales… Lo normal es que la mayoría de los ciudadanos no tengan que pasar por un Juzgado, pero son muchos los que están pendientes, de una u otra forma, de una resolución judicial. Y ya no hablemos de los mandamientos de devolución o de pagos. En las cuentas del partido judicial de Pontevedra hay más de tres millones de euros parados.
La cifra intimida…
A.A. Es que todos los días manejamos entre 200.000 y 300.000 euros haciendo pagos, indemnizaciones, ejecuciones… Y al cabo del trimestre hacemos más de 1.500 pagos. Después están las multas que imponen los Juzgados de lo Penal y que no se están remitiendo al Tesoro Público.
Ante este panorama, ¿hay riesgo real de colapso?
A.A. Absoluto. Y eso es lo que más nos preocupa. Aunque no estemos cobrando al estar en huelga (lo que ya nos dejó muy claro el Ministerio desde el primer día), lo que más me inquieta es el caos que se pueda ocasionar. Porque para tener mi juzgado al día, echo muchísimas horas. Hemos remontado una huelga de funcionarios y una pandemia, pero fue a base de horas y de mucho trabajo de todo el equipo, porque aquí somos todos imprescindibles, desde el primero hasta el último. Con que falle solo uno, se va todo al garete. Y a los letrados nos toca la tarea de dirigir todo esto, con lo cual lo haces más tuyo, si cabe. Y eso es lo que personalmente me está afectando más, que todo ese esfuerzo invertido se vaya al traste. Y que quienes tienen en su mano solucionarlo, no le den importancia.
¿En qué plazo de tiempo se llegaría a una situación crítica?
B.G. Esto empieza a desbordar ya y los magistrados empiezan a estar ya muy preocupados. Al igual que las oficinas. Porque ven el volumen de carga que está entrando y se está todo amontonando. Y lo peor es que no se ve una solución próxima.
¿Se podría tener que recurrir a las peonadas para compensar la paralización de estos días?
A.Á. El Ministerio de Justicia algo apuntó al respecto, una especie de plan de recuperación. Pero la solución está en sus manos y no entendemos que se quiera generar ese gasto a mayores. Con el añadido de que donde estén transferidas las competencias, caso de Galicia, habría que ver quién paga esos planes de refuerzo.
"Ahora notamos más tensión, que los ciudadanos empiezan a estar cada vez más molestos por estos contratiempos"
¿Cómo están reaccionando los ciudadanos ante estos contratiempos? ¿Se nota tensión?
B.G. Sí. Algo que al principio no se veía, ahora ya notamos a la gente más nerviosa, más inquieta. Empiezan los ánimos a estar más calientes.
¿Y entre los demás miembros del colectivo judicial, como los abogados y los procuradores?B.G. Hay una incertidumbre total, como para nosotros, porque si hay una solución de última hora, se anula la huelga y todo lo que mañana se iba a suspender, de repente se mantiene. Nosotros intentamos causar el menor daño posible, pero no podemos hacerlo de otra manera.
¿Se ve la luz al fi nal del túnel? ¿Hay perspectivas de solución?
B.G. En estos momentos está todo en punto muerto. El Ministerio nos tiene a todos completamente descolocados. Pero con fuerza para seguir, porque cuanto más nos aprietan, más nos enfadamos nosotros. Y desconocemos cuál será el siguiente movimiento que vaya a hacer. El Comité de Huelga ha dicho en numerosas ocasiones que está dispuesto a negociar cuando quieran, el día y a la hora que sea.
Si la situación no se desenquista, ¿se contempla algún tipo de endurecimiento de las medidas?
A.Á. Esta situación no la hemos creado nosotros y le puedo asegurar que estamos deseando volver. Sería la mejor noticia para nosotros. Pero no es una cuestión de dinero, sino de dignidad.
