Juzgan en Pontevedra a dos hombres por importar droga desde Chile

La Audiencia de Pontevedra juzgará a partir del martes 18 de octubre a dos hombres que están acusados de importar droga desde Chile oculta en piedra para distribuirla posteriormente en España, hechos por los que la Fiscalía solicita una condena de 23 años de prisión.

En la vista oral, que se celebrará en la sección segunda de la Audiencia pontevedresa, la Fiscalía pedirá diez años de prisión para un hombre que responde a las iniciales E.G.A. y trece años para F.G.M., al considerarle reincidente ya que fue condenado en 1996 por la Audiencia Nacional a quince años de cárcel por tráfico de drogas.

Ambos, según el escrito de acusación facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a principios de 2012 acordaron introducir en España una "importante " cantidad de cocaína para venderla en pequeñas dosis. Para introducir la droga en el país idearon un camuflaje entre placas de piedra y granito empleado en la construcción, que eran legalmente importadas y llegaban a España desde Sudamérica por vía marítima, "pasando inadvertida a las autoridades nacionales e internacionales encargadas de la persecución del narcotráfico".

Los acusados, continúa el fiscal, para dar apariencia legal a este negocio crearon una sociedad con sede en el ayuntamiento pontevedrés de Salceda de Caselas y alquilaron una nave industrial en la que almacenar la droga, situada en un polígono de Rubiera Sola (Almería), en donde se asentaban varias empresas dedicadas a la cantería.

Además, los acusados también realizaron una serie de gestiones para adquirir la maquinaria necesaria para extraer la cocaína que habría de venir camuflada en las piedras.

La operación no fraguó porque las autoridades aduaneras chilenas inspeccionaron el contenedor que esperaban los dos acusados, encontrando en el interior de cuatro rocas de granito noventa paquetes con cocaína de un kilo cada uno y que, en el mercado, habría alcanzado un valor superior a los cuatro millones de euros.

Junto con la pena de prisión, la Fiscalía solicita a la sección segunda de la Audiencia de Pontevedra que imponga a cada uno de los acusados una multa de 24 millones de euros.