La Fiscalía denuncia al Concello de Pontevedra por prevaricación

La Fiscalía de Pontevedra ha presentado denuncia ante el juzgado por presunta prevaricación contra el Concello por la gestión del contrato de jardines.

El fiscal jefe, Juan Carlos Aladro, entiende que la denuncia de irregularidades del PP efectuada a finales del año pasado tiene la suficiente credibilidad y que el juzgado debe investigarla.

El PP local denunció a la Fiscalía en noviembre de 2014 las prórrogas al contrato de mantenimiento de jardines a la empresa Elsamex, cuando ya se habían agotado las extensiones al adjudicado en 2006 y que solo podía prorrogarse, según sus propios términos, hasta 2012.

El edil pontevedrés de Facenda, Raimundo González, se ha referido este lunes a la cuestión defendiendo el proceder municipal.

"Como dixeramos no seu momento, estivemos defendendo o interés público", ha afirmado, y ha añadido que el nuevo contrato, finalmente adjudicado este año, es 100.000 euros más caro que el previo.

"Sempre dixemos que o novo contrato iba a encarecer o servizo, como así foi na práctica", ha añadido González, que cree que el caso pontevedrés es similar a otro sucedido en O Barco de Valdeorras en el que el juzgado acabó archivando la denuncia.

"Ás veces os técnicos advirten de cousas que non se poden prorrogar, pero hay cosas obvias, ten que primar o interés público", ha añadido.

"Non podemos deixar de prestar un servizo, non podemos deixar os xardíns a monte. Por tanto, aínda que ás veces os tempos administrativos se incumplan, limítase só a iso", ha justificado, para concluir que "non hai ningún ilícito penal", y ha acusado al PP de judicializar la actividad pública.

El PP llegó también a recurrir los pliegos del nuevo contrato aprobado este año porque entendía que no contaba adecuadamente la superficie cubierta, pero el Tribunal Administrativo Central archivó la denuncia.

El propio Raimundo González ya estuvo imputado en 2011, también a instancias del PP, por un contrato de ajardinamiento de rotondas contratado cuando ya se había ejecutado la obra.

Permaneció imputado durante un año hasta que fue llamado a declarar y el juez archivó el caso, que achacó a una "chapuza" administrativa más que a un intento de delinquir, y que el ayuntamiento atribuyó al "colapso" que existía entonces en los servicios municipales.