La Inspección destapa 3,6 millones de la economía sumergida en la provincia

La economía sumergida sigue siendo uno de los principales males del país. A cierre de 2015, superaba el 18% del PIB, lo que significa que el Estado ha dejado de ingresar 189.491 millones de euros, una cuantía que no se invierte en la ciudadanía. Con este dinero podrían pagarse, por ejemplo, las prestaciones por desempleo de todos los españoles durante casi diez años. En este contexto, la intervención del Gobierno central a gran y a pequeña escala es fundamental. En el eslabón más próximo al contribuyente es en el que opera la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que con su labor ha hecho aflorar 3.617.000,65 euros procedentes de la economía sumergida en la provincia de Pontevedra, la cifra más alta de Galicia, en la que se destaparon algo más de 7,8 millones de euros.

El dato, que corresponde al ejercicio de 2015, forma parte del informe que el organismo estatal acaba de publicar y en el que se detallas todas sus intervenciones. En total fueron 3.441, lo que convierte a la delegación pontevedresa en la que más actuaciones realizó en toda España durante aquel año, más incluso que las que se llevaron a cabo en la comunidad de Madrid (2.862). "Sabemos que os medios da Inspección non son os que deberan", comenta el secretario comarcal de la CIG, Marcos Conde, que insiste en que el servicio debe disponer de más recursos para ser más útil en su cometido. La plantilla de la Inspección está formada por 37 efectivos, de los que doce son inspectores y 18 subinspectores. El resto es personal directivo que coordina equipos, unidades o al propio organismo. Así se expone en la memoria publicada por este departamento dependiente del Ministerio de Empleo, que revela que más de la mitad de las infracciones detectadas por este equipo fueron por empleos no declarados. En total, la Inspección abrió 962 expedientes sancionadores, de los cuales 562 fueron por personas que no estaban dados de alta en la Seguridad Social y que tuvieron que pagar 1,9 millones de euros a las arcas públicas por encontrarse en esta situación irregular.

La Seguridad Social también puso el foco en las prestaciones. Tramitó 368 casos de infracción a empresas y trabajadores, un proceso que culminó con multas por valor de 1,4 millones de euros y la baja de 252 asegurados en Pontevedra, la cifra más alta de la comunidad. En A Coruña, la expulsión de este sistema de protección afectó a 202 personas, en Lugo a 155 y en Ourense a 22.

LA PATRONAL. La existencia de actividades ilegales no sorprende a la patronal. "La economía sumergida es casi tan antigua como el trabajo. En tiempos de crisis siempre aumenta, pero siempre está ahí. Con o sin recesión", explica el presidente de la Asociación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa de Pontevedra (Aempe), José María Corujo.

El empresario pontevedrés sostiene que la construcción y el sector servicios siguen siendo las puntas de lanza del fraude en el mercado del trabajo. "Hay gente que lo hace por supervivencia, pero hay actividades en la que este tipo de prácticas están perfectamente organizadas", señala. "Todos conocemos al clásico chapuzas que hace arreglos a nivel doméstico. Me refiero a pintores o fontaneros" aclara.

Corujo reconoce que poner freno a la economía ilegal no es fácil y recuerda que su desaparición es cosa de todos: administraciones y ciudadanos. "Un ejemplo de trabajo en negro son las peluquerías ilegales en casas privadas, de particulares. Perseguir estos negocios es difícil, pero su existencia supone un agravio tremendo para el sector. No pagan impuestos, de ningún tipo, y compiten con precios con autónomos y empresarios que sí pagan", señala.

Las peluquerías no son los únicos negocios clandestinos denunciados por los empresarios. Los talleres de reparación de vehículos son otro ejemplo y, contra ellos, combaten los representantes del sector. Con sus denuncias han motivado la apertura de varios expedientes de sanción en los últimos años. En 2015, las demandas de este tipo superaron las 200 a nivel provincial.

LOS SINDICATOS. El fraude laboral no siempre presenta al trabajador como verdugo. En muchos casos es la víctima. "As irregularidades no mercado de traballo están moi ligadas á precariedade que estamos e que obría á xente á buscarse a vida como pode", advierte Conde.

El líder comarcal de la CIG, que sostiene que el gran fraude está en las grandes empresas y no en los obreros, se muestra muy crítico con el papel del Gobierno en el control de los convenios de aquellas personas que sí tienen trabajo para evitar la pobreza laboral. "Ó Estado interésalle que haxa poboación que viva nesta nova escravitude: a de ir traballar e non ter nin para o pan", denuncia.

El incumplimiento de las condiciones de trabajo tampoco escapa a la Inspección, que en 2015 transformó 1.733 contratos temporales fraudulentos en indefinidos en la provincia de Pontevedra, la cifra más alta de Galicia.