Carmen Flores, presidenta y fundadora de la asociación El Defensor del Paciente, espera que los dos escritos que ha remitido a Fiscalía para investigar el alta laboral de dos enfermas de cáncer del área de Pontevedra surtan efecto. Una de ellas es Isabel Carragal (vecina de Marín de 46 años de edad), a la que le han denegado la incapacidad absoluta laboral pese a descubrir recientemente que un cáncer de mama le ha producido dos metástasis. La segunda es Magdalena Martínez, (mariscadora de Poio de 59 años de edad), a la que denegaron la baja 15 meses después de que se le extirpara una mama en la que le habían diagnosticado cáncer.
La presidenta de la asociación incide en que "la Ley tiene que proteger a los enfermos, no ponerlos en una situación más caótica ni en riesgo, como ocurre con estas dos mujeres". Por este motivo, confía en que la Fiscalía reconozca la incapacidad laboral de las afectadas con la correspondiente retribución económica. "Si son solidarios y reconocen la injusticia, esto tiene que prosperar". En su opinión, "están pagando justos por pecadores". De otro modo no se explica que la Administración vincule las altas laborales indebidas al supuesto abuso de las mismas que realizan algunas personas tras sufrir un accidente o una enfermedad. "Si alguien abusa de esta figura, la Administración debe estar ahí para controlar, pero no para castigar a los que no tienen. Están imponiendo un castigo excesivo y con una responsabilidad importante, porque las personas a las que sucede esto tienen el derecho de denunciar. Se llame como se llame la institución o la persona que firma el alta, hay responsabilidades penales", señala a este periódico. Flores menciona dos teorías para explicar el desamparo administrativo de Isabel y Magdalena: "o que no conocen su situación o que no les importa".
"Se llame como se llame la institución o la persona que firma el alta, hay responsabilidades penales"
Su intuición le dice que la respuesta correcta es la segunda. "Creo que no les importa nada, porque no son de su familia ni de su entorno, y las hacen trabajar pese a no estar capacitadas. No hay que olvidar que posiblemente las dos cobren el doble en su puesto de trabajo que estando de baja por una discapacidad, por lo que no le veo el lucro a sus peticiones".
RECOMENDACIONES. La presidenta de la asociación tiene la certeza de que los casos de Isabel y Magdalena no son excepcionales, ni en el área de Pontevedra ni en el territorio autonómico o estatal, por lo que emplaza a todos los posibles afectados a denunciar su situación, bien sea en la esfera pública o a través de los juzgados. "No hay que callarse, porque así no conseguimos ayudarnos ni ayudar".
Por norma general, Flores recomienda a los posibles afectados que soliciten al médico de la empresa un informe "en el que conste que no puede volver a su puesto de trabajo por no estar capacitado". Además, aconseja pedir un segundo documento al médico de familia, "puesto que un porcentaje elevadísimo de facultativos no está de acuerdo con que se le dé el alta a su paciente. La Administración les ha quitado su derecho a decidir cuando los pacientes están en condiciones o no. Le ha dato toda la potestad a las mutuas y al Instituto Nacional de la Seguridad Social, hasta el punto de que ahora parece que los trabajadores no pueden tener accidentes ni enfermedades ni tan siquiera curarse. No obstante, que pidan ese informe".
Otra de las recomendaciones que traslada es que, en el momento de recibir el alta, se envíe un burofax a la atención de la persona o institución que la ha firmado, haciendo constar su disconformidad.
