"La Ley tiene que proteger a los enfermos, no ponerlos en riesgo"

La presidenta del Defensor del Paciente espera que prosperen los dos escritos remitidos a Fiscalía para conceder la incapacidad laboral a dos enfermas de cáncer del área de Pontevedra
Carmen Flores
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Carmen Flores, presidenta y fundadora de la asociaci√≥n El Defensor del Paciente, espera que los dos escritos que ha remitido a Fiscal√≠a para investigar el alta laboral de dos enfermas de c√°ncer del √°rea de Pontevedra surtan efecto. Una de ellas es Isabel Carragal (vecina de Mar√≠n de 46 a√Īos de edad), a la que le han denegado la incapacidad absoluta laboral pese a descubrir recientemente que un c√°ncer de mama le ha producido dos met√°stasis. La segunda es Magdalena Mart√≠nez, (mariscadora de Poio de 59 a√Īos de edad), a la que denegaron la baja 15 meses despu√©s de que se le extirpara una mama en la que le hab√≠an diagnosticado c√°ncer.

La presidenta de la asociaci√≥n incide en que "la Ley tiene que proteger a los enfermos, no ponerlos en una situaci√≥n m√°s ca√≥tica ni en riesgo, como ocurre con estas dos mujeres". Por este motivo, conf√≠a en que la Fiscal√≠a reconozca la incapacidad laboral de las afectadas con la correspondiente retribuci√≥n econ√≥mica. "Si son solidarios y reconocen la injusticia, esto tiene que prosperar". En su opini√≥n, "est√°n pagando justos por pecadores". De otro modo no se explica que la Administraci√≥n vincule las altas laborales indebidas al supuesto abuso de las mismas que realizan algunas personas tras sufrir un accidente o una enfermedad. "Si alguien abusa de esta figura, la Administraci√≥n debe estar ah√≠ para controlar, pero no para castigar a los que no tienen. Est√°n imponiendo un castigo excesivo y con una responsabilidad importante, porque las personas a las que sucede esto tienen el derecho de denunciar. Se llame como se llame la instituci√≥n o la persona que firma el alta, hay responsabilidades penales", se√Īala a este peri√≥dico. Flores menciona dos teor√≠as para explicar el desamparo administrativo de Isabel y Magdalena: "o que no conocen su situaci√≥n o que no les importa".

"Se llame como se llame la institución o la persona que firma el alta, hay responsabilidades penales"

Su intuición le dice que la respuesta correcta es la segunda. "Creo que no les importa nada, porque no son de su familia ni de su entorno, y las hacen trabajar pese a no estar capacitadas. No hay que olvidar que posiblemente las dos cobren el doble en su puesto de trabajo que estando de baja por una discapacidad, por lo que no le veo el lucro a sus peticiones".

RECOMENDACIONES. La presidenta de la asociaci√≥n tiene la certeza de que los casos de Isabel y Magdalena no son excepcionales, ni en el √°rea de Pontevedra ni en el territorio auton√≥mico o estatal, por lo que emplaza a todos los posibles afectados a denunciar su situaci√≥n, bien sea en la esfera p√ļblica o a trav√©s de los juzgados. "No hay que callarse, porque as√≠ no conseguimos ayudarnos ni ayudar".

Por norma general, Flores recomienda a los posibles afectados que soliciten al médico de la empresa un informe "en el que conste que no puede volver a su puesto de trabajo por no estar capacitado". Además, aconseja pedir un segundo documento al médico de familia, "puesto que un porcentaje elevadísimo de facultativos no está de acuerdo con que se le dé el alta a su paciente. La Administración les ha quitado su derecho a decidir cuando los pacientes están en condiciones o no. Le ha dato toda la potestad a las mutuas y al Instituto Nacional de la Seguridad Social, hasta el punto de que ahora parece que los trabajadores no pueden tener accidentes ni enfermedades ni tan siquiera curarse. No obstante, que pidan ese informe".

Otra de las recomendaciones que traslada es que, en el momento de recibir el alta, se envíe un burofax a la atención de la persona o institución que la ha firmado, haciendo constar su disconformidad.

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