La mitad de los expedientes disciplinarios a escolares gallegos están en Pontevedra

El curso 2015-2016 se cerró con 851 expedientes disciplinarios a alumnos gallegos de todas las etapas, lo que supone un ascenso de 186 respecto a los datos registrados el año anterior. La mayoría, unos 615, se produjeron en el ciclo de Secundaria, aunque el sindicato independiente de profesores Anpe advierte del progresivo aumento de informes abiertos en Primaria (54), que se han duplicado desde el año 2015, y de la "conflictividad" que se registra en las aulas de FP Básica. Por provincias, Pontevedra (389) y A Coruña (326) acumulan la inmensa mayoría de estos conflictos.

Agresiones entre alumnos y faltas de respeto al docente son las incidencias más frecuentes, "sobre todo en FP Básica", según señaló el viernes en rueda de prensa Julio Díaz, presidente del Anpe en Galicia. El sindicalista advirtió de las situaciones "gravísimas" que se registran en esa etapa, con expedientes abiertos a "tres de cada cien alumnos" y llegando a producirse "amenazas de muerte" a los profesores por parte de estudiantes que se dedican a "montar líos porque no quieren estar" en clase. A pesar de ello, el porcentaje de expedientes disciplinarios abiertos en la comunidad es de 0,28% del total del alumnado, por lo que el colectivo reconoce el "privilegio" de impartir clase en Galicia en comparación con los conflictos que se producen en otras comunidades, como Madrid o Andalucía.

CASOS HASTA EN INFANTIL. El paulatino incremento del número de casos en Primaria ha llevado al sindicato a alertar sobre la constante pérdida de respeto a la imagen del profesorado como autoridad por parte del alumnado, llegándose a producir conflictos con pequeños de 8 a 10 años, y hasta en Infantil, donde se amenaza al docente con expresiones como "ya vendrá mi papá por aquí". En este sentido, Díaz achaca parte de esta pérdida de respeto a las propias familias con iniciativas como la "huelga de deberes", que considera un "falso debate", y advirtió que en la educación "hacen falta todos" y no solo los centros.

Asimismo, de acuerdo con cifras de la Fiscalía de menores, este año se han registrado 2.663 delitos relacionados con jóvenes de entre 14 y 16 años, de los que 678 han terminado en juicio. Además, el número de denuncias presentadas por progenitores contra sus hijos por violencia doméstica creció un 86%, situándose en las 298.

MIL HORAS DE TV ANUALES. Por otro lado, el Anpe reveló que los jóvenes dedican más tiempo a ver la televisión (una media de 990 horas al año) del que pasan en la escuela (unas 960) , aparte de jugar a videojuegos y navegar por internet alrededor de dos horas diarias. En consecuencia, destacan desde la organización, en gran parte de las ocasiones son «los propios padres» los que hacen los deberes de sus hijos. La solución pasaría por trasladar el debate a la "racionalización" y a la "calidad" de las tareas del alumnado en lugar de "deberes sí o deberes no", además de apelar a la responsabilidad conjunta de centros y familias en el proceso educativo.

ATENCIÓN AL DOCENTE. El Anpe también desveló los datos correspondientes al informe sobre el servicio del Defensor del Profesor, que se saldó con 117 llamadas de docentes por problemas con el alumnado, sus compañeros o la propia directiva del centro. Según precisa el documento, el 62% de los avisos se produjeron en la etapa de Secundaria y el 21% en primaria, mientras que en el 92% de los casos el afectado presentaba cuadro clínico de ansiedad. Las quejas más comunes se referían a faltas de respeto en el aula (24%), problemas para dar clase (20%), conflictos con otros docentes (11%), acoso, insultos y amenazas de padres (10%). Pese a todo, la comunidad gallega fue la única de España en la que el número de llamadas descendió, junto con Andalucía, Canarias y Madrid.

Para poner fin a esta problemática, desde la entidad demandan un plan estratégico de convivencia que incluya un programa de prevención del acoso escolar y agilice los protocolos de protección de las víctimas. Otras peticiones son el desarrollo reglamentario en todas las comunidades de la «autoridad pública» del profesorado en sus funciones docentes, según recoge la Lomce, y la garantía de protección jurídica, así como la cobertura de la responsabilidad civil por el ejercicio profesional. Igualmente, el sindicato reclama asistencia psicológica gratuita para los docentes y reconocimiento de la ansiedad, la depresión y el estrés como enfermedades profesionales.