Los representantes del sector de la venta ambulante en Galicia se reunieron ayer en Pontevedra con los máximos responsables policiales de la provincia para pedir auxilio. La grave situación que están viviendo a raíz del conflicto abierto entre Zamoranos y Morones, que comenzó con una reyerta en el mercadillo de Cangas y continuó con un tiroteo en el centro de Vigo y a plena luz del día, provocó la suspensión de varias ferias, una medida que está perjudicando de forma flagrante a quienes realizan sus actividades al amparo de la ley.
El subdelegado del Gobierno, Antonio Coello, declaró que "la Asociación Gallega de Ambulantes está muy preocupada". Manuel Bouzas, comisario provincial, y Manuel Touceda, jefe de operaciones de la Guardia Civil, compartieron mesa con los afectados. "Se ha pedido sosiego en un momento en el que ha ocurrido un acontecimiento ilícito, el acto que tuvimos el miércoles al finalizar el mercadillo de Coia. Desde el minuto uno realizamos un seguimiento de los hechos y, al día siguiente, el 22, nos reunimos los máximos responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluida la Policía Autonómica. Se puso de manifiesto que la regulación de los mercadillos que se celebran en distintos municipios de la provincia es competencia exclusiva de los ayuntamientos. Se analizó lo ocurrido junto al túnel de Valadares, con la posterior intervención de la Policía Nacional y el apoyo de la Guardia Civil. A raíz de lo ocurrido en Cangas ya se habían realizado valoraciones para reforzar la seguridad en todos los mercadillos de la provincia, bien sea con dispositivos de la Policía Nacional o de la Guardia Civil", relató el subdelegado, ejerciendo de portavoz de Bouzas y Touceda.
"En esa reunión se creó, por vez primera, un órgano conjunto de colaboración permanente entre la Policía Nacional y la Guardia Civil que está a disposición de la Fiscalía las 24 horas del día para hacer un seguimiento del suceso", añadió Coello, que habló personalmente con el fiscal jefe "transmitiéndole la disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para esclarecer estos hechos y avanzar en esa situación", y también con el presidente de la Audiencia.
"SE VA A APLICAR LA LEY". Coello Bufill aseguró, como responsable de la Subdelegación de Gobierno en Pontevedra, que "el imperio de la ley se va a aplicar, con colaboración de las fuerzas de seguridad. No va a haber asuntos opacos ni impunidad. Se va a aplicar con rigor, respetando la Constitución". El subdelegado dejó un mensaje claro dirigido a quienes puedan aportar datos sobre lo que ocurre en los mercadillos en forma de denuncia. "Aquí las llamadas son absolutamente confidenciales. Si la sociedad nos ayuda y hay gente que pueda hacerlo dentro de esas asociaciones de vendedores ambulantes, vamos a trabajar codo con codo". Sobre el tiroteo dijo que "hay varias líneas de investigación".
En apoyo de los afectados, el subdelegado dijo que "ellos sufren las consecuencias de que los mercadillos puedan estar cerrados. Están haciendo gestiones encaminadas a concretar y facilitar la tarea de los cuerpos de seguridad, y eso es muy importante. Si alguien pretende menoscabar derechos y libertades de un colectivo, para eso estoy yo, el subdelegado del Gobierno".
Sobre medidas concretas, Coello señaló que "si hay un delito tienen que poner las pruebas a disposición de la Justicia. Todos los caminos conducen al mismo lugar. Ha habido un acto gravísimo, y después de las investigaciones tendrán que concretarse diligencias. Sé que la Fiscalía está trabajando en estos momentos con la Guardia Civil y la Policía Nacional".
