La investigación de la Fiscalía Especial de Asuntos Económicos acerca de los extraños movimientos de dinero público que fueron efectuados en los primeros años del actual siglo por Rosario Lorenzo, secretaria general de la Cámara de Comercio de Pontevedra, y Juan Lago, agente de la entidad en Brasil, ha concluido, en la práctica, a la espera de que el representante del Ministerio Fiscal, Augusto Santaló, haga oficial el nuevo escrito de acusación y detalle la solicitud de pena para cada uno de los dos citados miembros de la entidad cameral.
Santaló dará carpetazo de este modo a unas pesquisas que estuvieron a un paso de convertirse en dos piezas separadas ante la falta de respuesta del emisario de la Cámara en Brasil pero que finalmente continuarán entrelazadas tras la reciente respuesta, a través de la correspondiente comisión rogatoria, por parte de Juan Lago.
LAS RESPUESTAS DE LAGO. La comisión rogatoria que mantuvo en standby el proceso judicial durante varios meses no aportó datos que no se supieran ya, según pudo saber este periódico. De hecho, la cuestión que suscitaba un mayor interés para el representante de la Fiscalía, el destino del dinero que retiraba Rosario Lorenzo de la cuenta de la que era titular el representante cameral en Florianópolis, no halló respuesta.
Lago simplemente concretó y confirmó un extremo ya conocido por anteriores diligencias solicitadas por Santaló, que la secretaria general de la Cámara tenía libre acceso a su cuenta, y añadió que Lorenzo movía ese dinero por criterios profesionales. Añadió, además, que las cantidades se ingresaban allí (se trata de una cuenta de NovaGalicia Banco, la actual Abanca) para evitar problemas burocráticos con Brasil.
El fiscal, con todos los datos que tiene ahora a su disposición, deberá rehacer el escrito de acusación que tenía preparado para incluir en él la información procedente de la mencionada comisión rogatoria aportada por Exteriores.
LAS POSIBLES PENAS. En cuanto a las responsabilidades penales que exigirá el jefe de la Fiscalía de Asuntos Económicos a los dos procesados, ambos se enfrentarán a las consecuencias que acarrea la comisión de un delito de cohecho, que se traducen en posibles condenas a un mínimo de dos y a un máximo de cuatro años de prisión, además de inhabilitaciones para el empleo o el cargo público que oscilan entre los tres y los siete años.
Lorenzo, además, será acusada de un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios por el que se expondrá a una posible pena de cárcel de entre seis meses y dos años y a una inhabilitación para el empleo o cargo público de entre uno y cuatro años, penas todas ellas que se sumarían a las que le corresponderían por el supuesto ilícito que comparte con Lago, en el hipotético caso de que sea condenada.
La secretaria general de la Cámara, que permanece en el cargo desde 1998, no aclaró cuando fue llamada a comparecer como imputada, el destino del dinero retirado, en algunas ocasiones mediante tarjeta y otras por la vía de la transferencia, que efectuó durante el período investigado de la cuenta en la que se realizaban los pagos de las nóminas de Lago como empleado de la entidad. Ello hará que tenga que hacerlo en unos meses sentada en el banquillo y en audiencia pública.
