La sintonía BNG-Marea permite aprobar la renta social básica y la compra de un local en Ferreiros

La modificación de crédito de 2,7 millones de euros aprobada este viernes en el pleno municipal del Ayuntamiento de Pontevedra ha sido posible por un nuevo ejemplo de la sintonía alcanzada por el gobierno local del BNG y el grupo de Marea.

De hecho, esta formación ha aplaudido que fruto de este acuerdo se haya dado un "impulso" a sus políticas sociales para la ciudad del Lérez. El resto de la oposición ha votado en contra de la modificación de crédito que permitirá comprar un local en la calle Herreros para uso de la administración local y financiará una renta social básica para familias sin recursos.

A falta de que se concrete en una ordenanza, esta renta social es una prestación económica para personas que no tienen ingresos económicos suficientes para hacer frente al pago de necesidades básicas como son la alimentación, la vivienda, la ropa, el material escolar o los suministros básicos de agua y electricidad.

Las estimaciones iniciales señalan que 48 familias se beneficiarán durante un año de esta renta, cobrando 692 euros al mes cada unidad formada por cuatro miembros.

En esta modificación de crédito se ha incluido también otra de las enmiendas presentadas en su día por Marea al presupuesto municipal de 2017, una partida de 205.000 euros para la adhesión de Pontevedra al plan de transporte metropolitano de la Xunta de Galicia.

NUEVO REGLAMENTO DEL MERCADO. La corporación municipal también ha aprobado este viernes el reglamento del mercado de abastos, tras desestimar las alegaciones presentadas. Lo ha hecho con los votos a favor de BNG y PSdeG y la abstención de PP, Marea y Ciudadanos.

El concejal responsable de este área, Vicente García Legísima, ha reconocido que para aprobar este reglamento ha sido necesario un camino "más largo de lo pretendido". Con la nueva normativa espera, según ha dicho, "que sea posible actuar en el mercado" como quieren "hacerlo" con el objetivo de ofrecer a los clientes un mejor servicio y dar a los profesionales que trabajan en este recinto una mayor seguridad jurídica.

Además, en el pleno municipal se ha dado luz verde a otras dos normativas; la conocida como la ITV de edificios y la ordenanza de vertidos. Ambas fueron aprobadas por unanimidad, en el primer caso se introdujeron los cambios pertinentes para adaptarse a la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la norma estatal en la que se basaba.

Respecto a la ordenanza de vertidos, entre otras novedades, se reduce de 100 a 50 metros la distancia máxima entre una vivienda y la red de saneamiento municipal que se fija como de conexión obligatoria.