LEJOS DEL acuerdo. La llamada telefónica del viernes entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, a cuenta de la paralización de la variante de Alba no ha resuelto el conflicto entre ambas administraciones.
Los orígenes del proyecto
El vial para conectar las carreteras de Vilagarcía (PO-531) y de Santiago (N-550) se ha frenado. Y todo ello por la falta de un consenso que hasta ahora no se había tenido en cuenta. El proyecto de la variante de Alba lleva reclamándose 15 años.Los primeros pasos se dieron en 2004, cuando la necesidad del vial se plasmó en la denominada M4, la mesa de trabajo en la que Pontevedra se sentó con el resto de las administraciones con competencias en su viario municipal, esto es, con Deputación, Xunta y Gobierno central.
¿Qué defiende la Xunta?
La Xunta inició el estudio de alternativa para la variante de Alba en 2013. Tres años más tarde, en 2016, anunció que pactaría con el Concello el diseño del nuevo vial, que saldría de la rotonda de San Caetano (PO-531) y conectaría con la N-550 a la altura de Pidre, en la parroquia de Cerponzóns.
Tras varios intentos fallidos y desencuentros con el Gobierno local, en primavera de 2018 se contrató por 187.948,04 euros a la consultora Ciesa para que hiciese el diseño definitivo de la carretera. La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, anunció el trazado definitivo el pasado mes de junio, en una rueda de prensa en la que confirmó que la variante de Alba saldría finalmente del núcleo de O Freixo, en Campañó, y acabaría en A Cendona, lugar situado en la parroquia de Lérez.
La primera fase del vial, diseñado como una autovía de 992 metros de longitud con límite de velocidad a 100 kilómetros por hora, tendría un carril por sentido. El presupuesto del proyecto superaraba los 8,2 millones de euros, de los cuales 383.838,01 euros se destinarían al pago de expropiaciones y los 7.858.569,72 euros restantes (IVA incluido) a la licitación de la obra civil. Una vez resuelto el concurso, la empresa adjudicataria dispondría de 18 meses para ejecutar la actuación.
En aquella presentación, el director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, aseguró que la obra, escogida entre diez alternativas distintas, tendría un trazado "máis limpo, moi recto e con poucas afeccións".
Un día después de conocerse los Orzamentos de la Xunta para 2020, la Consellería arrojó las primeras dudas sobre la variante. Aseguró que su ejecución dependería del "consenso" para hacer los trabajos. Lo hacía después de conocerse las alegaciones en contra tanto de los vecinos como del Concello. Tras el anuncio autonómico llegó el posicionamiento del PP de Pontevedra. Su portavoz, Rafa Domínguez, esperó a diciembre para decir que se oponía al trazado e instaba al Concello a buscar uno alternativo. Sus mismos argumentos son los que emplea la Xunta, que quiere que Pontevedra se implique en el desbloqueo.
¿Qué defiende el Concello?
La conselleira de Infraestruturas recordó ayer, a través de su cuenta en la red social Twitter, el calendario de inversiones previsto en las cuentas autonómicas para la variante de Alba: 500.000 euros en 2020, tres millones de euros en 2021 y 5,5 millones más en 2022. El "tuit" de Ethel Vázquez respondía así a las declaraciones del día anterior del concejal de Infraestruturas, Cesáreo Mosquera, que el lunes dio por hecho que la Xunta meterá el proyecto en el cajón por falta de fondos.
El Concello reclama que se mejore el actual trazado. Y así se pone de manifiesto en el informe de alegaciones, en el que los técnicos municipales hacen un duro análisis del diseño de la variante. Además de recordar que no se han incluido itinerarios peatonales ni ciclistas, el documento denuncia el "simplista e superficial" estudio de impacto ambiental hecho por la Consellería. Además de recordar que la afectación al río Gándara es la "máxima" de las diez alternativas estudiadas, los funcionarios aluden a la fragmentación del territorio que causaría la obra, que tendría una segunda fase, de ampliación, que costaría 5.642.991,32 euros.
Mosquera afirma que si el Ejecutivo autonómico incluye las mejoras planteadas, el coste de la infraestructura se elevaría hasta los diez u once millones de euros. También cree que la Xunta no dispone del dinero para ejecutarla, por lo que sospecha que la actuación se aplazaría "sine die".
¿Qué reclaman los vecinos?
Los vecinos aseguran que cerca de un centenar de viviendas de Campañó se verían afectadas por la variante. En su informe de alegaciones, respaldado por 1.171 firmas, alertan de problemas de seguridad vial en el entorno del CEIP de Parada por el aumento del tráfico. Plantean a la Xunta que el vial salga del entorno del Merkasia (PO-531), vaya en paralelo a la autopista y acabe en el supermercado Día de la N-550.
